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Aragón

TERUEL

Presidencia estudia el recurso de Neoelectra contra la denegación de la autorización ambiental

El INAGA denegó la Autorización Ambiental Integrada a la planta de cogeneración eléctrica debido a las afecciones ambientales y la falta de permisos de la (CHE), como la concesión de caudales y autorización de vertidos, que son vinculantes para la Administración autonómica.

El Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón ha recibido el expediente de la planta de la multinacional Neoelectora en Aliaga (Teruel) y será el encargado de llevar a cabo los trámites e informes administrativos que considere necesarios para la resolución del recurso de alzada presentado por la empresa contra la denegación, por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), de la Autorización Ambiental Integrada a la planta de cogeneración eléctrica.

Según informó el Gobierno de Aragón, en una nota de prensa, han sido informados del traslado del expediente, la propia empresa, miembros de la Plataforma Salvemos Aliaga, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). El recurso de alzada será resuelto en Consejo de Gobierno.

El INAGA denegó la Autorización Ambiental Integrada a la planta de cogeneración eléctrica debido a las afecciones ambientales y la falta de permisos de la (CHE), como la concesión de caudales y autorización de vertidos, que son vinculantes para la Administración autonómica.

La planta se tiene que abastecer de su materia prima, el gas, mediante camiones cisterna, ya que el gasoducto proyectado no pudo llegar hasta la planta ante la falta de permisos de la CHE para traspasar el río.

Además, subrayaron desde el Ejecutivo autónomo, se ubica en Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección para las Aves, suelo no urbanizable de protección especial y ámbito de los planes de recuperación del cangrejo de río y del quebrantahuesos. Durante el periodo de información pública, presentaron alegaciones contra esta planta asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y 14 expertos de la Universidad de Zaragoza.

Por su parte, la empresa, al no disponer de la prórroga de permiso de activad, ha presentado un expediente de regulación de empleo que afecta a once trabajadores.

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