Despliega el menú
Aragón
Suscríbete

POLÍTICA HIDRÁULICA

Penúltimo roce con el vecino

La decisión de Aragón de impugnar el plan hidrológico de Cataluña para sus cuencas internas pone punto y seguido a los conflictos entre ambas comunidades por el Ebro.

Penúltimo roce con el vecino
Penúltimo roce con el vecino

El pasado martes, el Consejo de Gobierno acordó pedir a la Generalitat la suspensión del proceso de aprobación del plan de gestión del agua que prepara Cataluña, presentar alegaciones para tratar de reconducir su contenido y, si estas no son atendidas, recurrir el plan ante los tribunales. La DGA abrió así otro frente legal contra la comunidad vecina al entender que, al redactar ese instrumento de planificación hidrológica, el Ejecutivo catalán se está extralimitando en sus competencias.

Por desgracia, y al igual que sucede en otros ámbitos, este nuevo conflicto con Cataluña pone punto y seguido a una lista cada vez más amplia de desencuentros por el Ebro. El primero de ellos -en la historia reciente- fue el apoyo de CiU al Plan Hidrológico Nacional del PP, que más adelante se convirtió en rechazo por la fuerte contestación que provocó en Tarragona. El frente común entre ambas autonomías duró lo que tardó en derogarse el trasvase, y desde entonces los encontronazos han sido casi continuos con y sin la aquiescencia del Gobierno central.

El sistema para fijar los caudales ecológicos del Delta pactado por el Estado y la Generalitat y rechazado por unanimidad en las Cortes (2005); el trasvase a Barcelona acordado por esos mismos protagonistas a espaldas del resto de la cuenca (2008); el minitrasvase a cuatro pueblos catalanes al que Aragón ha dado su visto bueno con condiciones (2009); el decreto del Ejecutivo catalán que integra dentro de sus cuencas internas tres acuíferos compartidos con el Ebro (2009)... Ahora ha sido el turno de una especie de plan hidrológico de las cuencas internas catalanas que en realidad también afecta a la demarcación del Ebro, pero todo apunta a que este no será el último episodio.

Para el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, Antonio Fanlo Loras, muchos de estos episodios -y otros como los relacionados con la inclusión del agua en los nuevos estatutos de autonomía- hay que enmarcarlos en un proceso de "desmantelamiento" del modelo de gestión del agua basado en las confederaciones hidrográficas.

"Resulta paradójico que en España tendamos a prescindir de ese valiosísimo patrimonio institucional cuando en la Unión Europea y en otros países se propicia la implantación de organismos de cuenca con características similares", resalta. Este jurista aragonés opina además que la descomposición del sistema se está produciendo "con el consentimiento del Estado". "El Gobierno central ha dado alas a Cataluña al no recurrir el decreto que integra tres acuíferos compartidos en las cuencas internas -comenta-. También ha atribuido a la Generalitat la aprobación del plan hidrológico de sus cuencas internas, un trámite que es competencia del Estado".

Para Fanlo, la consecuencia de este proceso es que el Gobierno central está perdiendo "resortes, información y poder". "Estamos derivando hacia unas confederaciones difusas articuladas a base de relaciones bilaterales con las autonomías -critica-. Se confía en que de la suma de soluciones individuales resulte una solución global, pero eso no siempre resulta".

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Antonio Embid, coincide con su colega en la pasividad del Estado. "El Ministerio de Medio Ambiente lleva unos dos años desaparecido en estas cuestiones -sostiene-. Supongo que cuando haya que aprobar el nuevo plan hidrológico del Ebro su postura se verá con más nitidez, pero de momento está a verlas venir".

No obstante, este experto es mucho menos pesimista al valorar la trascendencia de los conflictos 'acuáticos' con Cataluña. "Creo que decir, como se ha dicho, que la Generalitat está construyendo un armazón paralelo al del Estado es exagerado -sostiene Embid-. Del mismo modo, es totalmente falso que los catalanes puedan fijar unilateralmente los caudales del Delta del Ebro, eso es un malentendido jurídico y político".

Este jurista zaragozano resalta que la unidad de cuenca "no es un dogma absoluto", pero sí insiste en la necesidad de que la ley se cumpla "siempre". "Cuando en 2008 se aprobó el trasvase a Barcelona no se pidió a Aragón el informe preceptivo establecido en el Estatuto que sí se ha solicitado este año para llevar agua a cuatro pueblos catalanes -recuerda-. La DGA tiene toda la razón al recurrir el plan de gestión del agua de Cataluña, lo que plantea la Generalitat es inadmisible y los catalanes lo saben".

En cuanto a las razones que mueven a Cataluña a tensar su ámbito competencial, ambos catedráticos apuntan a una misma causa: el difícil encaje de la idea de país que ha defendido siempre la Generalitat con los límites geográficos de las cuencas existentes en su territorio.

La Consejería de Medio Ambiente de la comunidad vecina no ha querido atender a este periódico. Quien sí lo ha hecho ha sido el diputado de CiU en el Parlamento catalán Ramón Espadaler. "Nosotros respetamos la unidad de cuenca, pero creemos que debe estar más participada -explica el que fuera consejero de Medio Ambiente con Jordi Pujol-. Defendemos que, dentro del marco actual, Cataluña puede tener una cierta mayor autonomía para gestionar el agua del Ebro, ya que, al fin y al cabo, por debajo ya no hay ninguna otra comunidad".

Espadaler insiste en que le parece "imprescindible" que Cataluña haga su planificación hidrológica integrando tanto sus cuencas internas como la parte que pertenece al Ebro. "Somos un solo país", recuerda. Además, también critica al tripartito por no apoyar el trasvase del Ródano y por no conectar el Campo de Tarragona con las cuencas internas. "No queremos ampliar la concesión del minitrasvase que ya existe, pero sí apostamos por aprovecharla mejor llevando el agua que no se utiliza al área de Barcelona".

Etiquetas