Los dos socios de la DGA pactaron ayer finalmente acabar con la gratuidad de los libros de texto, que a partir del próximo curso se deberán pagar en función del nivel de rentas de las familias. El portavoz parlamentario del PAR, Javier Allué, cerró ayer el acuerdo con su homólogo socialista, Jesús Miguel Franco, aunque sin fijar los ingresos máximos para su aplicación, que deberá concretar ahora el Departamento de Educación tras encargar un estudio específico.

La aprobación de esta medida planteada por el PAR pone punto y final a las negociaciones de los presupuestos de 2011, en las que se han tumbado todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y se han aprobado cuatro de los aragonesistas.

La de mayor calado es la del fin de la gratuidad de los libros del texto que la DGA puso en marcha en 2006, aunque se desconoce el impacto que tendrá y el ahorro real que supondrá para las arcas autonómicas. En la ley de presupuesto se incluirá una disposición adicional que obligará a modificar las cuentas, cuando se disponga de los estudios pertinentes, "al objeto de adaptar los programas de gratuidad en la compra de libros de texto y material escolar complementarios a políticas de ayudas en función de las rentas familiares, aplicando criterios de progresividad y concretando dichas medidas en la correspondientes orden para el curso escolar 2011-2012".

El acuerdo está en la línea de la proposición no de ley aprobada en junio a instancia de Izquierda Unida, en la que se instaba a la DGA a limitar la gratuidad de los libros de texto. En este caso, se planteó racionalizar el gasto mediante la progresividad en el pago y su supresión para aquellas familias cuyas rentas familiares superaran los 53.407 euros.

Unas horas después de hacerse pública la medida, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar) mostró su "más absoluto rechazo" a la modificación del programa de gratuidad de libros de texto, que consideró un logro social. "Nos sorprende especialmente la ambigüedad con que el tema ha venido siendo tratado en los últimos meses, en los que ha habido diferentes intentos por modificar el programa, y en los que el PSOE había optado por mantenerlo, a la espera de su revisión para adaptarlo a la era digital", indicó la presidenta de Fapar, Ana Abán.

A juicio de Fapar, la supresión de la gratuidad es consecuencia de una batalla preelectoral, "donde siempre pierden los más vulnerables, las familias, cuya opinión ahora no se tiene en cuenta, pero que será cuantificable en las próximas elecciones", señaló antes de criticar a los dos socios de gobierno por incumplir el acuerdo de gobierno.

Además, advirtió del "insignificante" ahorro que supone, un 0,4% del presupuesto total de Educación, así como de las dificultades para su aplicación, ya que las rentas familiares pueden cambiar "de un mes a otro" por la actual coyuntura económica.

Además de esta propuesta, el PSOE aceptó dos enmiendas del PAR a la ley de medidas tributarias, por las que se mejorarán las bonificaciones a las microempresas que tengan que endeudarse y las inversiones en firmas dedicadas a la investigación y el desarrollo (I+D). También se pactó reclamar al Estado los datos de recaudación de tributos de los ejercicios 2006-2010 antes del 1 de julio del próximo año, necesarios para poder negociar el acuerdo bilaterial económico-financiero recogido en el Estatuto.

Tanto Allué como Franco se mostraron satisfechos de los resultados de la negociación, aunque evidenciaron que ambas partes han tenido que ceder. El acuerdo permitirá que el día 30 salgan adelante las cuentas sin sobresaltos.

Frente sindical

Por otra parte, UGT y CC. OO. cuestionaron los presupuestos pactados para 2011 argumentando que no permitirán salir de la crisis. El primer sindicato consideró que las cuentas no son "eficaces" para la recuperación porque, argumentó, "difícilmente pueden ser un instrumento de política económica adecuado cuando prevén una reducción generalizada de gasto, solo contemplan el corto plazo y no plantean medidas de equidad fiscal".

En la misma línea se manifestó Comisiones, que avisó de que los presupuestos implican sacrificios importantes en gasto corriente e inversión y frenarán la reactivación económica. "Muestran un giro de la política económica del Ejecutivo", informó.