Ofensiva policial en Zaragoza contra los bares que permiten la entrada a menores

La Uapo ha inspeccionado 64 locales este año, en los que encontró a 388 adolescentes de los que 33 estaban consumiendo alcohol. Los establecimientos se enfrentan a sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros.

La Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Local ha emprendido en los últimos meses una ofensiva contra los bares que permiten la entrada y el consumo de alcohol de menores. Desde que se puso en marcha esta unidad han aumentado notablemente este tipo de inspecciones. Y el resultado hasta ahora es de 64 establecimientos supervisados y 388 adolescentes localizados en su interior, de los que 33 estaban bebiendo.


Solo durante la madrugada de ayer se identificaron en dos bares a 79 menores. En uno de los casos, en el bar La Cucaracha, situado en la calle del Temple, en el Casco, solo el número de adolescentes superaba el aforo permitido del bar. En la licencia, consta una capacidad para 39 personas y, a las doce y media de la noche, había en el local 43 menores de edad y un total de 150 clientes. En el otro establecimiento que se inspeccionó ayer, el pub Litros, en Pedro María Ric (La Zona), había 224 personas, de las que 36 no superaban la edad permitida para entrar, los 18 años. En cada uno de los locales se localizó a sendos menores consumiendo alcohol.


El procedimiento es el siguiente. Varios policías locales, camuflados de paisanos, recorren y entran en diferentes bares de la ciudad para controlar si hay menores y consumen alcohol. Cuando detectan la presencia de estos adolescentes, avisan a los Uapo y estos montan el dispositivo. Entran en el local, se apaga la música y se se encienden las luces. Rapidamente se dirigen hacia los menores. Los agrupan en una zona del bar y unos cuantos agentes proceden a identificarlos.


Los que no llevan el carné de identidad, deben aportar sus datos completos. Después, van saliendo uno a uno a la calle. Ahí acaba la tutela policial. "En la vía pública ya no hay nada que hacer. Si sus padres les dejan estar en la calle a esas horas, nosotros no vamos a hacer de taxistas", explicó el intendente jefe de la Uapo, Juan Carlos Claveras.


Mientras, otros cuentan el número de clientes y otros agentes cachean a los mayores que presentan una conducta sospechosa o que podrían llevar armas o drogas. Al resto, les obligan a salir del bar y esperar fuera hasta que concluye la inspección. Una pareja de policías de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC) se dedica a tomar los datos del establecimiento (licencia, condiciones, lista de precios, señalización, normativa antiincendio...). Un policía instruye las diligencias y rellena un acta con las infracciones cometidas, que firma el propietario del bar. Varios agentes supervisan el suelo del establecimiento por si hubiera restos de drogas o armas.

Informes a la DGA


Y todos los datos de menores recogidos en las inspecciones se trasladan al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). La policía puede abrir dos denuncias, por presencia de menores o/y por consumo de alcohol en su interior. Después, es el Gobierno de Aragón el que fija las sanciones, pero siempre a los establecimientos. Los jóvenes no deben asumir ninguna multa. De hecho, muchas veces ni siquiera sus padres se enteran.


Las cuantías oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros, en función del número de menores, de cuántos estaban bebiendo, de si el establecimiento es reincidente... "Hay bares fijos, pero ellos también nos tienen detectados", comentó uno de los agentes que participa en estos operativos. "Cuando pasamos con la furgoneta, se ve en muchos bares cómo echan a los menores", apuntó Claveras, que explicó que entre los propios establecimientos se avisan. "Los porteros están comunicados y se van informando", relató.


No obstante, según constató Claveras, en las últimas semanas la situación está cambiando y cada vez es más difícil para un menor acceder a un bar de copas. Este tipo de intervenciones y su publicidad en los medios de comunicación está reduciendo notablemente la permisividad de algunos establecimientos de marcha con los jóvenes que no tienen 18 años. "El otro día seguimos a un grupo de 30 chicos y chicas que no cumplían la edad, por el Casco, y no les dejaron entrar en ningún bar", contó uno de los policías locales.


Fuentes municipales defendieron que siempre ha existido bastante preocupación por este hecho y que la puesta en marcha de la Uapo ha posibilitado llevar a cabo estas operaciones con más seguridad.