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Aragón

LEY DE DEPENDENCIA

Nuevo retraso en el acuerdo para el sistema de copago de la Ley de la Dependencia

La consejera Ana Fernández dice que es "positivo" que se aplace, ya que da tiempo a la comunidad para "hacer alguna objeción"

El acuerdo sobre el copago vuelve a ser uno de los asuntos pendientes en la agenda del Consejo Territorial de Dependencia. Con las ayudas ya en marcha en muchas comunidades, los consejeros siguen sin ponerse de acuerdo sobre el sistema que garantiza que llegará el dinero del Estado y de cada Autonomía en función de los ingresos del beneficiario, y no de su familia.

Durante la reunión que las regiones mantuvieron ayer en Madrid, y que estuvo presidida por la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se decidió aplazar la consumación de un acuerdo hasta septiembre, al igual que la acreditación de calidad de los centros.

No obstante, la consejera de Servicios Sociales de la DGA, Ana Fernández, no criticó el retraso que sufre el copago. En su opinión, "Aragón tiene alguna objeción" que hacer, "por lo que es positivo" tener un mes y medio más para concretar mejor el documento junto al resto de sus homólogos.

En lo que sí que se llegó a un acuerdo interterritorial ayer fue en el reparto de la partida de 241 millones de euros para financiar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia. Esta inversión, prevista para 2008, supone un incremento del 9,5% (21 millones) respecto al año anterior.

Aragón recibirá 9,5 millones de euros del Estado, una cantidad ligeramente superior a la del año pasado, cuando fueron 8,3.

Además de estos fondos, la consejera concretó que cada comunidad recibe un "mínimo garantizado" mensual por cada persona dependiente de su región, cifra que ya asciende a 7 millones de euros en los primeros meses de aplicación.

Por otra parte, se van a distribuir 154,6 millones de euros para la ejecución de diversos programas de servicios sociales, infancia, familia y personas con discapacidad, que serán gestionados por las comunidades y financiados por el Estado.

A pesar de la inversión, la ministra no descartó que la actual "coyuntura económica" pueda tener "alguna influencia" en el despliegue de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

No obstante, aseguró que, "tal y como ha dicho el presidente del Gobierno en más de una ocasión", el Gobierno "garantizará la continuidad de los compromisos en las políticas sociales".

Críticas del PP

La inversión para proyectos sociales en Aragón no ha satisfecho en absoluto a los representantes del PP en la comunidad. La portavoz de Asuntos Sociales, Rosa Plantagenet, recordó que los 4,28 millones de euros que el Gobierno central destinará a prestaciones básicas sociales "vienen con más de seis meses de retraso, puesto que esa aportación debería haberse recibido desde principio de año".

Añadió que buena parte de esos servicios ya se están ofreciendo "aunque a costa de los presupuestos de las corporaciones locales y de las organizaciones no gubernamentales".

Para el PP el reparto en Aragón "se ha materializado finalmente en una cantidad irrisoria, si tenemos en cuenta que solo el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene más de 200 millones de euros consignados en 2008 para los programas que tienen que ver con las prestaciones sociales, familiares, discapacitados, voluntariado e infancia".

Por otra parte, PP y PSOE mantuvieron discrepancias también a nivel nacional. Marisol Pérez Domínguez acusó ayer al PP de "mentir una vez más en un tema tan serio como es la aplicación de la Ley de Dependencia". La secretaria de Bienestar Social del PSOE se refería así a unas declaraciones de la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que afirmó que el Gobierno iba a recortar 200 millones de gastos en materia de dependencia.

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