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Aragón

CREEN QUE INVADE COMPETENCIAS MUNICIPALES

Nueve ayuntamientos aragoneses piden un informe sobre la constitucionalidad de la ley de lenguas

Se trata de los municipios oscenses de Lascuarre y Fraga; los turolenses de Fórnoles, La Codoñera, La Fresneda, Torre del Compte y Valderrobres, y los zaragozanos de Fayón y Nonaspe, todos gobernados por el PP excepto La Codoñera, con alcaldesa del PAR.

Nueve ayuntamientos de las tres provincias aragonesas han solicitado al Consejo Consultivo de Aragón la emisión de un dictamen preceptivo y no vinculante sobre la constitucionalidad de la ley de lenguas, al entender que invade competencias municipales.

El senador popular Manuel Blasco ha acompañado al representante legal de los alcaldes al registro de la Diputación General de Aragón para presentar la solicitud para el que el Consejo Consultivo se pronuncie y emita un informe que es preceptivo para la posterior presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

Blasco ha dicho a los medios de comunicación que los nueve ayuntamientos, a los que en pocos días se podrían unir otros, estiman que la ley de lenguas ejerce una clara invasión en su autonomía municipal.

Los ayuntamientos, ha explicado, deben de tener ahora personal preparado para atender en catalán, de forma oral y escrita, todas las consultas y peticiones de los ciudadanos, y deben de redactar en ambas lenguas todos los documentos y actas oficiales.

Ahora, el Consejo Consultivo tiene tres meses para elaborar su dictamen, que no es vinculante, y después los ayuntamientos dispondrán de otro mes para determinar si presentan o no el recurso ante el TC.

Para el PP, según ha recordado Blasco, la ley de lenguas califica el catalán como lengua oficial "de manera encubierta" y "por la puerta de atrás", aunque no lo haga el Estatuto de Autonomía.

Ha añadido que si el Partido Popular tiene algún día "capacidad de gobierno, derogará o modificará la ley".

En todo caso, no duda de que los alcaldes harán "lo que tienen que hacer", que es cumplir la ley, aunque están en su derecho de recurrirla, y si finalmente el Tribunal Constitucional dictamina que sí existe invasión de competencias, habrá que negociar una reforma.

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