Multas de hasta 10 millones por dañar bienes municipales

Ocupar un camino público o un edificio municipal abandonado y causar destrozos, usurpar un bien público, dañar una zona de juegos infantiles, romper un árbol, quemar un contenedor, sembrar una finca rústica propia y extralimitarse con la de al lado, de titularidad municipal... Se trata de infracciones sobre bienes de dominio público que los ayuntamientos aragoneses podrán sancionar con hasta 10 millones de euros, gracias al proyecto de ley reguladora del Patrimonio, el Servicio Público y la Contratación Local de Aragón. La norma, aprobada por la DGA, fue remitida hace unas semanas a las Cortes para su tramitación y su ratificación dependerá de la voluntad de los diputados de sacarla adelante antes de marzo. En el periodo de enmiendas podría sufrir modificaciones.

La ley estatal de Patrimonio de las administraciones públicas prevé ya estas sanciones, pero según señaló la secretaria general técnica de Política Territorial, Justicia e Interior de la DGA, Mercedes Lardiés, no era de aplicación legal a las entidades locales. "Ahora serán específicas", argumentó. Lardiés explicó que hasta ahora los ayuntamientos solo podían recurrir a la vía penal para castigar algunos de estos daños y como vía accesoria, se podía presentar una reclamación para recuperar el dinero. Esta ley otorga una nueva arma a los municipios para ingresar en las arcas municipales las sanciones por estos daños de forma inmediata. Y las cuantías no son nada desdeñables, aunque se graduarán en función del importe de los daños causados, el valor de los bienes o derechos afectados, la reiteración del responsable y el grado de culpabilidad. También se considera como un atenuante la corrección por el infractor de la situación creada.

Según está tipificado, las infracciones más graves como producir daños en un bien cuando su importe supere los 100.000 euros o usurparlo será castigado con hasta 10 millones de euros. Dentro de las infracciones graves, con multas de hasta 1 millón de euros, se incluyen, entre otras, el uso común especial o privativo de este tipo de bienes sin la correspondiente autorización o concesión o actuaciones que impidan o dificulten gravemente la normal prestación de un servicio público.

Entre las infracciones leves destacan la producción de daños en los bienes de dominio público por valor de menos de 1.000 euros (por ejemplo, quemar un contenedores), el incumplimiento de las disposiciones que regulan la utilización de los bienes destinados a un servicio público por los usuarios o no conservar en buen estado un bien por parte de un concesionario (por ejemplo, un quiosco de la ribera). La multa podrá llegar hasta los 100.00 euros.

También se contemplan la obligatoriedad de pagar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y la posibilidad de, en caso de reincidencia, declarar la inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones y concesiones de uno a tres años.

Según aparece en el texto, se entiende por un bien de dominio público los que están destinados a un uso general o a un servicio público y los demaniales. Entre ellos, se encuentran las plazas, los parques, los puentes, los caminos, los edificios municipales o los montes.

Nuevas multas en ordenanzas

El proyecto de ley también modifica el marco general de las cuantías de las multas por incumplir las ordenanzas municipales. Los importes irán desde los 750 euros de las infracciones leves, hasta los 1.500 de las graves y los 3.000 euros de las muy graves.

Según la memoria, la ley ha superado el informe del Consejo Local de Aragón y de la Junta Consultiva de Contratación. Además, se dio audiencia a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias de Aragon.