Montilla asume que el decreto trasvasista se derogará, pero estudia otros proyectos

Gobierno central y Generalitat de Cataluña están analizando nuevas infraestructuras que sustituyan la tubería prevista en el decreto del trasvase del Ebro, ante la previsible derogación de la norma estatal por las abundantes lluvias. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural, Elena Espinosa, evitó ayer adelantar oficialmente su decisión sobre la vigencia del decreto y se limitó a decir que se la comunicará primero "a los afectados". Según la teoría del Gobierno central, los afectados son solo las instituciones catalanas, no Aragón o el resto de Comunidades de la cuenca del Ebro.

La Generalitat está poniendo aún reticencias a suspender el decreto, pero para buscar compensaciones. Así, el presidente catalán, José Montilla, pidió ayer "no precipitarse" ya que "todavía no hemos llegado a garantizar el suministro de agua de aquí al verano de 2009, que es cuando se pondrá en funcionamiento la desalinizadora de El Prat". Sí reconoció que "puede darse el escenario de que no haga falta aportar agua y estaría encantado de renunciar a ella si se dan esas circunstancias". Ya sin esconder sus intenciones, indicó que la tubería hasta ahora proyectada podría servir de "modelo" para futuras infraestructuras a impulsar.

En el mismo sentido se pronunció su consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, quien señaló que "habrá que analizar qué medidas habrá que poner en marcha".

Interconexión de cuencas

A cambio de derogar el decreto, Cataluña plantearía ejecutar ella misma otra tubería con el objetivo de interconectar sus cuencas y sus desaladoras. Si hace un mes Barcelona era la ciudad con grandes problemas de abastecimiento que necesitaba del Ebro, ahora los problemas se sitúan en Tarragona y Lérida, que necesitarían agua desalada del entorno de Barcelona para garantizarse su futuro hídrico. La solución para ambas crisis sería la misma, lo que aumenta las sospechas: una tubería que vaya de Tarragona a Barcelona (o, como señalan ahora, de Barcelona a Tarragona). En cualquier caso, Baltasar se pronunció ayer sobre este asunto e indicó que es "impensable" que se derogue el decreto y que se mantenga el mismo proyecto de construcción de la tubería.

La duda en este sentido es cómo articular jurídicamente una nueva tubería a la vez que se deroga el decreto. Así, la previsión sería que primero el Gobierno central diese el paso de anular su propuesta de trasvase del Ebro y por tanto el convenio que firmaron las dos administraciones, a partir del cual se adjudicó la construcción de la tubería. Ya más tarde, la Generalitat podría impulsar dentro de sus competencias otra tubería para enlazar Barcelona con el entorno de Tarragona. Al no conllevar este proyecto la decisión previa de trasvasar agua de una cuenca a otra, indican que no sería necesario que el Gobierno central se pronunciase inicialmente.

El problema vuelve a surgir en la financiación. Si el Gobierno central deroga el decreto, supone que no pagaría los más de 150 millones para construir la tubería (ya sea la actualmente proyectada o la que se está negociando). Además, otro problema son los plazos. Con el decreto del Gobierno central, se preveía resolver las expropiaciones casi de forma inmediata, mientras que la obligación de declaración de impacto ambiental quedaba anulada. Sin embargo, si no hay urgencia, la Generalitat deberá afrontar la obra como cualquier otra y pasaría de tener la tubería en seis meses a tardar más de dos años.

En este contexto, aunque en referencia al teórico trasvase del Ródano, la ministra aseguró que cuando se habla de soluciones "a medio y largo plazo" no se pueden aplicar procedimientos de urgencia. Además, indicó ya de forma general que el Gobierno está dispuesto a evaluar todas las alternativas para garantizar la disposibilidad del agua en todo el territorio nacional.

¿Una semana más de decreto?

Por otra parte, hay ciertas dudas en torno a cuándo derogará oficialmente el Gobierno central el decreto. Aunque parece que la decisión está ya tomada, el Ejecutivo habría podido decidir que sea la Generalitat de Cataluña la que lleve la iniciativa. Así, hay dos planteamientos: que lo anuncie hoy o mañana un miembro del Gobierno central (ya sea la ministra o la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega) o que lo haga uno del tripartito.

Si finalmente el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero permite a la Generalitat escenificar que es ella la que pone fin al trasvase, entonces se podría esperar una semana más, hasta que el Consejo de Gobierno de la Generalitat en una reunión señalase que dan ya por asegurado el abastecimiento.

La ministra Espinosa deberá en cualquier caso pronunciarse en un breve periodo de tiempo. Tanto hoy como mañana tiene actos públicos en los que se le preguntará por el asunto. De hecho, el viernes celebra una reunión sectorial con los consejeros de Medio Ambiente, incluidos el de Cataluña y el de Aragón.