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AGUA

Moncloa mantiene el trasvase e Iglesias, en contra del PAR, pospone recurrirlo

El presidente aragonés no quiere ir a la Justicia hasta que haya obras y su socio pide hacerlo ya. Espinosa elude fijar una cifra de reserva hidráulica para detener el proyecto, pero afirma que aún "no está ni cerca".

El PSOE aragonés no está siendo capaz de hacer valer los argumentos legales en contra del trasvase del Ebro a Barcelona. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha hecho caso omiso al requerimiento de la DGA para que, ante el fin de la situación de urgente necesidad, dé por extinto el decreto-ley que habilita esa transferencia hídrica. Por el contrario, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, dio ayer un paso atrás, tras admitir el lunes en Bruselas que la lluvia podría quitar su "razón de ser" tanto al decreto como al trasvase, y aseguró que el estado de los embalses en Cataluña "no está ni cerca" del que haría innecesaria la cesión de caudales del Ebro.

Ante ese panorama político, con un Ejecutivo central claramente predispuesto a satisfacer el deseo de la Generalitat de ampliar la interconexión de cuencas hasta Barcelona llueva lo que llueva, la interposición de recursos judiciales (en la vía constitucional y en la contencioso-administrativa) se antoja el único camino que la resta a la DGA.

Sin embargo, los dos socios del Ejecutivo autonómico escenificaron ayer sensibles divergencias en cuanto a la estrategia judicial con que enfrentarse al pacto trasvasista entre Rodríguez Zapatero y Montilla. Mientras el presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, se mostró por la mañana partidario de no acudir a los tribunales hasta que comiencen las obras, el Partido Aragonés envió una nota de prensa por la tarde en la que exigía recurrir ya todos los actos administrativos que se derivan del decreto del trasvase, como la adjudicación de esas obras.

Iglesias, en declaraciones realizadas en el Pignatelli, reiteró que "con la misma rotundidad y convencimiento" que hace mes y medio defendió el decreto-ley para llevar agua del Ebro hasta Barcelona, el Ejecutivo que preside "exigirá ahora que se derogue" porque las lluvias han cambiado la situación y "ya no es necesario" para garantizar el abastecimiento de la capital catalana.

El presidente recordó que su Gobierno ha pedido oficialmente que "el decreto-ley se cumpla en todos sus extremos", es decir, que Generalitat y Ejecutivo central reconozcan que no está en vigor por haberse superado la situación de urgente necesidad en que se basa. "Ya hemos dicho que si empezaran las obras, lógicamente, recurriríamos e interpondríamos un recurso contencioso-administrativo", afirmó.

Preguntado a continuación si el comienzo de los trabajos de construcción de la tubería es un requisito necesario para adoptar medidas judiciales contra el proyecto de transferencia hídrica, Iglesias dijo que, "si no comienzan las obras, es más complicado". "Vamos a ver qué pasa estos días porque la previsión es que siga lloviendo y en los próximos quince días podemos estar perfectamente alrededor de los 230 hectómetros cúbicos", agregó.

"Falta de respuesta"

Frente a esa intención de esperar acontecimientos, el PAR anunció en su comunicado que va a exigir "en las instituciones que se recurra la adjudicación de la conducción de agua a Barcelona, ya que Cataluña ha superado de forma clara cualquier situación de emergencia", lo que conlleva la pérdida de vigencia del decreto-ley, "tal como prevé la disposición final" de la propia norma legal.

El PAR enfatizó que "la adjudicación de las obras (que se hizo el día ocho de este mes, otorgándola a una unión temporal de seis empresas liderada por Aguas de Barcelona) y el resto de actos administrativos" amparados por el decreto-ley "ya no tienen ninguna cobertura legal, son ilegales".

Por ese motivo, y ante "la falta de respuesta oficial de la Generalitat y el Gobierno central" y las declaraciones de sus responsables "sobre la continuidad del proyecto", la formación aseguró defender que "las instituciones aragonesas recurran judicialmente todos los actos y que se pida la suspensión cautelar de cualquier actuación". "De hecho, la pérdida de la situación de emergencia anula la justificación de este procedimiento en el modo de contratación de las obras", añadió.

La nota del PAR concluye recordando que su presidente "José Ángel Biel ya anunció que se impulsarían las medidas precisas para hacer cumplir la ley" y con unas declaraciones del secretario general, Alfredo Boné, en las que señala que "ha llovido más del doble de lo que se iba a suministrar mediante la nueva conducción".

Sin plazos ni mínimos

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, entrevistada en Los desayunos de TVE, se negó ayer a fijar un nivel mínimo de reserva hídrica en el sistema Ter-Llobregat a partir del cual se descarte el trasvase y tampoco dio un plazo para tomar una decisión en ese sentido. "Prefiero no hablar de cantidades, porque siempre pueden llevar a la polémica; están calculadas perfectamente y hoy no estamos ni cerca de cumplir esos mínimos exigidos", enfatizó.

Espinosa manifestó que habla "bastante" con Iglesias y que conoce su posición contraria a la obra por haber finalizado la emergencia. Sobre ello dijo que le ha "transmitido con claridad que esa no es la situación". "Es cierto que hemos mejorado desde hace unos días, pero tendremos que esperar para tomar una decisión".

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