Media docena de leyes clave esperan turno en las Cortes para ser tramitadas

Los deberes se les acumulan a los diputados aragoneses. Los periodos de sesiones entrecortados y con escasa cosecha legislativa han sido hasta la fecha una característica de la tercera legislatura del Gobierno PSOE-PAR. El resultado es que media docena de proyectos normativos de mucha importancia acumulan polvo en el Parlamento autonómico a la espera de su turno de tramitación.

Los proyectos normativos más veteranos de los que el Ejecutivo aragonés ha remitido esta legislatura a la Cámara autonómica son los de reforma de las leyes del Presidente y del Consejo Consultivo del Gobierno. Del primero, la última información reciente fue la polémica suscitada por una enmienda del PSOE, finalmente retirada, con la que se quería introducir la incompatibilidad de los ex presidentes para determinadas actividades durante un periodo tras su cese y las correspondientes indemnizaciones.

Pero esos dos textos legislativos, más allá de aquella polémica, no presentan excesivas dificultades. Al menos en el plano técnico. Sobre todo si se los compara con los correspondientes a los proyectos de ley de Urbanismo y de Ordenación Territorial. Se trata, especialmente el primero, de dos auténticos tochos normativos, farragosos y bastante más complejos a la hora de tramitarlos.

La cuestión es que también constituyen dos elementos legislativos de primer orden para dar seguridad jurídica a sectores muy tocados por la crisis y a los que no conviene precisamente estar pendientes de que se desbloqueen dos normativas que, en principio, deben reglamentar de manera sólida y prolongada determinados desarrollos y actividades de primer orden.

Sus señorías también tienen pendiente sacar adelante la Ley de Servicios Sociales, una normativa marco que, a pesar de haber sido muy criticada desde los grupos de la oposición por excesivamente generalista y no contener un listado efectivo de prestaciones, resulta indispensable para ir desarrollando posteriormente legislaciones auxiliares más específicas y concretas.

Otro proyecto que debería entrar en las Cortes en breve (al menos así está anunciado por la consejería) es el de la Ley de Educación de Aragón. Otra normativa marco con el magno objetivo de regular un sector de importancia esencial para la comunidad y mucha repercusión social.

Además, también se espera que en este año llegue al Parlamento el proyecto legislativo de Polícías Locales, una regulación específica para un sector de características especiales que ya se ha quedado en el cajón en varias ocasiones y cuya elaboración es uno de los empeños principales del consejero de Política Territorial, Interior y Justicia, Rogelio Silva.

Además de esos esfuerzos especiales, a los diputados tampoco les falta tarea legislativa de menor fuste, aunque igualmente necesaria, como es el proyecto de norma autonómica para el transporte por cable. Y las cosas amenazan con complicarse todavía más si el PSOE cumple el mandato de Marcelino Iglesias de intentar sacar adelante la Ley de Lenguas como proposición de su grupo parlamentario.