Más de la mitad de los asesores de la DGA son o han sido cargos públicos

El Gobierno aragonés se ha convertido en algo parecido a una agencia de colocación. Así lo demuestra el hecho de que más de la mitad de los 60 asesores que suman los distintos departamentos de la DGA sean concejales o antiguos cargos públicos a los que se les ha garantizado un sueldo público con su nombramiento. Hasta una cuarta parte de ellos son auténticos profesionales del asesoramiento, ya que han sido capaces de aportar su sapiencia a una u otra consejería e incluso en distintas instituciones en las últimas legislaturas sin que el cambio de materia haya sido un problema. Y muchos de ellos sin necesitar estudios superiores.

No tienen que rendir cuentas a nadie, salvo ante el consejero que les designó, y muchos ni siquiera aparecen por las cinco sedes por las que se distribuyen las consejerías. Solo hay que telefonear y preguntar por una buena parte de ellos para cerciorarse de esta realidad. Tampoco es extraño porque algunos tienen que ejercer a la vez como alcaldes en pueblos que llegan a estar a 181 kilómetros de distancia de la capital. Este es el caso de la regidora de Albelda, María Ángeles Roca, fichada como asesora por la consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández.

Hasta 35 de los 60 asesores son alcaldes o concejales sin sueldo de sus municipios o con unos ingresos simbólicos, por lo que completan la nómina gracias a su designación en la DGA. Los nombramientos se reparten por las tres provincias, desde La Puebla de Alfindén (Carlos Francisco Rueda) hasta Canfranc (Fernando Sánchez Morales) y Utrillas (Ezequiel Martín).

Los hay del PAR y del PSOE, que también recurren a estos puestos de libre designación para colocar a compañeros de partido que se han quedado sin cargo. La lista de 'ex' es nutrida: hay directores generales (como el de Urbanismo durante la pasada legislatura, Julio Tejedor), diputados autonómicos (Miguel Pamplona y Encarna Mihi) y concejales (como el de Binéfar, José Ramón Gombau).

Algunos llevan dos legislaturas cobrando como asesores. Entre ellos, los alcaldes de Cabañas, Nicolás Medrano, y de Villarroya de la Sierra, Eugenio Torrubia, Juan Carlos Quílez o Antonio Oto (diputado regional del PSOE en la segunda y tercera legislatura).

Los sueldos de los asesores llegarán a los 37.693 euros anuales en este ejercicio, mientras que los de los jefes de gabinete se han fijado en 54.345 euros. El sueldo medio de los aragoneses no alcanza los 26.000.

Las once consejerías disponen de entre tres y cinco asesores (secretarias y conductores aparte), a los que se suman los de Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno regional, que cuentan con nueve y siete, respectivamente.

Todos ellos forman el grueso del personal de confianza de la DGA, constituido por 136 personas y cuyos sueldos costarán este año al erario público más de 6,9 millones de euros. En 2005, había unas sesenta plazas de este tipo.

En este capítulo se incluyen los altos cargos, los periodistas del amplio gabinete de comunicación, los responsables de protocolo, las secretarias y los conductores, entre otros trabajadores.

Larga experiencia

Algunos de los asesores acumulan una trayectoria de más de dos décadas. Como la asesora jefe del vicepresidente, Eva Mondurrey, ligada a Biel desde 1988, cuando la fichó para la secretaría de Presidencia. Mondurrey comparte departamento con otros históricos del asesoramiento. La jefa del gabinete, Marta Izaguirre, no discrimina instituciones, ya que desempeñó el mismo puesto con el ex presidente de las Cortes Emilio Eiroa (1995-1999) y ejerció como coordinadora de Relaciones con las Corporaciones Locales, ya en la DGA, a principios de la década. Tampoco ha tenido problemas para cambiar de oficio el jefe de la Oficina del Portavoz, Enrique Guillén, que fue jefe de Comunicación de la DGA entre 1991 y 1993.

Otra de las personas con larga trayectoria es María Jesús Peralta Abad, una aragonesista que tiene el mérito de haber ejercido en las tres administraciones. Concejal en Monegrillo, localidad de la que fue alcaldesa en los 90, desempeñó las funciones de asesora de área en la Diputación Provincial antes de enganchar hace un año como asesora en la Consejería de Justicia e Interior.

Solo le gana en experiencia, Francisco Javier Puyuelo, que ha ejercido en las cuatro administraciones desde que en 1983 empezara su carrera política. La Expo acabó hace casi siete meses, pero Puyuelo sigue oficialmente al frente de la Oficina Económica de Seguimiento de la Expo desde su nombramiento en julio de 2007. Con anterioridad fue alcalde de Zuera (1983-1995 y 1999-2004), diputado provincial (1983-1987) y jefe del gabinete técnico de la Delegación del Gobierno de Aragón antes de llegar a la DGA como secretario general técnico de Economía y Hacienda en la pasada legislatura.

En otros casos, su capacidad les permite asesorar en materias muy distintas. Como la alcaldesa de Alcolea del Cinca, Mónica Lanaspa, que en la pasada legislatura aconsejaba a la consejera de Servicios Sociales, Ana de Salas, y en la actual, al con sejero de Industria, Arturo Aliaga.

Mónica Lanaspa tiene como jefa de gabinete a Ana Teresa Vicente, que hace catorce años fue asesora de Eiroa en su etapa como presidente de las Cortes.

Los ascensos también son perceptibles en las carreras de parte de los asesores. El concejal de Castelserás Pedro Luis Lamiel era asesor raso con Velasco en su etapa como consejero de Obras Públicas y ahora desempeña la jefatura de su gabinete en Presidencia. El mismo puesto ocupa Ana Cristina Fraile en Medio Ambiente tras haber sido secretaria del consejero de Agricultura a finales de los 90. Similar trayectoria ha vivido el jefe de gabinete de Economía y Hacienda, Domingo Rillo, que ya fue secretario del mismo consejero Larraz cuando estaba al frente de Sanidad.

Contadas excepciones

Las excepciones, el fichaje de profesionales expertos en su materia y que casi son ajenos a la vida puramente política, se cuentan casi con los dedos de una mano. Se concentran en la Presidencia del Gobierno de Aragón (como la diplomática Esther Monterrubio) y en algunos departamentos, como el de Obras Públicas. Alfonso Vicente fichó como jefe de gabinete a Jesús Morea Roy, funcionario, ingeniero y ex asesor de la Dirección General de Investigación de la DGA.