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LEY DE DEPENDENCIA

Más de 25.000 dependientes cobran las ayudas, pero 5.000 siguen a la espera

Aragón, que es una de las que más solicitantes tiene por su envejecimiento, saca un notable alto en el examen que periódicamente se hace a las comunidades sobre la ley.

Los esfuerzos de Aragón por intentar agilizar la implantación de las ayudas a dependientes van dando sus frutos. De hecho, el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cerrado este mismo mes, emite un dictamen más que positivo para las tres provincias. Aragón saca un 8,5 sobre 10, empatando en nota con el País Vasco y quedándose solo a 5 décimas de Castilla La Mancha y Castilla y León, que han logrado sacar un 9.

A pesar de los buenos resultados, en Aragón aún hay 4.844 personas con prestaciones reconocidas pero que no las han empezado a percibir todavía. No obstante, el dato no suma en negativo porque es inferior al de la media española.

En general, la Comunidad aragonesa es la cuarta mejor parada cuando se estudia el porcentaje de dependientes que ya se benefician de las ayudas (un 1,89% de la población), solo por detrás de La Rioja y Cantabria (ambas alcanzan un 2,3% de ciudadanos) y Andalucía (2,17%). A la cola quedan otras como Canarias, Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares.

También está entre las zonas de España con más solicitantes de media, algo que no es descabellado si se tiene en cuenta que los aragoneses tienen una de las sociedades más envejecidas del país (se estima que más de 260.000 personas son mayores de 65 años). Pese a ello, es más ágil a la hora de elaborar dictámenes que otras.

Hasta el pasado 1 de diciembre, y según los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Aragón tenía 49.283 solicitudes registradas desde enero de 2007 en las que los ciudadanos pedían que se les reconociera este derecho. Hasta principios de mes, se habían emitido 43.786 dictámenes, con lo que hay 5.497 casos que estarían pendientes de una resolución.

Como consecuencia, son 30.278 los aragoneses que, para estas fechas, se han valorado como beneficiarios con derecho a prestación. Esto supone casi el 69% de las 49.000 solicitudes originales. De estos más de 30.000, la mayoría (el 40,3%) tienen una dependencia de grado III y un 28,79% un problema de grado II.

El nivel III se concede cuando la persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria varias veces al día. Su pérdida total de autonomía mental o física hace que necesite la presencia indispensable y continua de otra persona o un apoyo generalizado. El grado II o de dependencia severa se otorga si el paciente necesita ayuda para realizar actividades básicas , pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.

Ahora bien, algunos aún tienen que esperar: los que ya gozan de estas ayudas son 25.434 ciudadanos, por lo que hay 4.844 aragoneses esperando a que llegue su momento. Esto supone un 16% de los que tienen el derecho reconocido, una cifra inferior a la media española (es del 26,4%), pero aún lejos de las que han conseguido comunidades como Navarra -a la cabeza-, Ceuta y Melilla, Castilla y León o La Rioja. Aragón recibe unas 1.000 solicitudes nuevas cada mes.

En España, en estos casi 4 años se han presentado 1.482.375 solicitudes y hay 888.962 personas que tienen derecho a las ayudas que recoge la Ley de la Dependencia. Están pendientes de recibir la ayuda que se les ha reconocido 171.402 personas.

Menos altas a la Seguridad Social

Solo hay un punto en el que Aragón 'pincha' con respecto a otras comunidades. De hecho, está a la cola en el porcentaje de altas de la seguridad social dadas a cuidadores. La media de España es del 39%, pero aquí la cifra se queda en el 23,6%. No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los casos son iguales, y estas prestaciones se dan en ocasiones y van dirigidas al entorno del enfermo, cuando son sus seres queridos los que se encargan de cuidarlos.

En alguno de los supuestos, es obligatorio darles de alta en la seguridad social. Se les otorga una cuantía mensual que oscila entre los 300,90 euros y los 520,69, en función del grado de dependencia del afectado. En todos los casos, la cuota que se aporta a la seguridad social en concepto de cotizaciones asciende a 162,49 euros.

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