Mario Garcés no ve necesario ejercer competencias no básicas en tiempo de crisis

El consejero aragonés de Hacienda ha incidido en la necesidad de distinguir entre competencias básicas como sanidad, educación, justicia y servicios sociales de las no esenciales.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno aragonés, Mario Garcés, se ha mostrado partidario este sábado de que en épocas de crisis las administraciones no ejerzan todas las competencias no consideradas básicas a fin de garantizar los servicios públicos esenciales.


Garcés ha hecho esta reflexión en el foro sobre la reforma de las administraciones públicas que celebra este fin de semana el PP en Zaragoza, y que ha inaugurado la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal con una llamada al "esfuerzo común" de la sociedad española para salir de la crisis.


En el marco de una mesa redonda sobre austeridad en las administraciones públicas que ha moderado la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, el titular aragonés de Hacienda ha incidido en la necesidad de distinguir entre competencias básicas como sanidad, educación, justicia y servicios sociales de las no esenciales.


También se ha mostrado partidario de acometer un proceso de reordenación de competencias para evitar que todas las instituciones y organismos con poder político dispongan, además, de capacidad presupuestaria.


Evitar la "atomización del gasto"


En este sentido, se ha mostrado partidario de una gestión unificada de los recursos públicos que evite una atomización de la capacidad de gasto entre todo tipo de entidades públicas locales, y ha insistido en que es necesario poner freno a "múltiples formas de organización política que provocan vergüenza entre los ciudadanos".


Tras subrayar que este modelo de gestión unificada de los recursos permitiría un control eficiente del gasto, ha destacado que en el "manual básico de la ineficiencia política" se encuentra la atomización del gasto, germen en su opinión, de la corrupción.


Garcés ha advertido contra las duplicidades competenciales que se producen entre las administraciones, y ha reclamado políticas orientadas a evitar esta forma de gasto de recursos públicos.


A su juicio, "hace política a caballo del gasto público es muy fácil, pero en mi opinión política es dirigir cuando no se tienen recursos".


Ha expresado su preocupación por la gran cantidad de organismos y de empresas públicas existentes en España, que ha cifrado en unas 24.000, y se ha mostrado partidario de promover una ley concursal pública al entender que la situación de gasto que generan es "insostenible" para las arcas públicas.


"¿Debo detraer recursos públicos para mantener juguetes rotos?", se ha preguntado el consejero aragonés de Hacienda en su exposición sobre esta problemática.


Para Garcés, la insuficiente financiación que afecta en la actualidad a las comunidades autónomas y las previsiones de crecimiento económico para los próximos años, en torno al 1 %, exigen abordar una replanteamiento completo de las administraciones regionales, tanto en cuestión de ingresos como en gastos.


Por esta razón, ha defendido la apertura de un debate "sincero y valiente" sobre los servicios públicos, dado que en la actualidad, ha añadido, "hay demasiado gasto público".


Ha criticado, además, el modelo organizativo de la administración pública, al que se ha referido como "el más rígido e impermeable" que existe, así como la "sobreprotección" sindical hacia los trabajadores públicos.


A su juicio, este sistema es "inaplicable" en la gestión de una empresa privada y requiere de cambios que permitan mejorar su eficiencia.


En su exposición, ha defendido un nuevo modelo de contratación pública mediante alianzas con otras administraciones que permita un ahorro eficiente de recursos, así como un cambio del régimen de subvenciones públicas.


A este respecto, ha añadido que "España es el paraíso de los beneficiarios de las subvenciones públicas" al ser posible la acumulación de este tipo de aportaciones y la financiación del 100% de la actividad subvencionada.