La incomunicación entre el Gobierno central y la parte del PAR del Ejecutivo autonómico acerca de los temas hídricos básicos es absoluta. Moncloa, con la silenciosa aquiesciencia del PSOE aragonés, sigue haciendo oídos sordos a la petición formulada por el vicepresidente José Ángel Biel de convocar la comisión bilateral con el objetivo de plantear en su seno una importante batería de medidas sobre desarrollo estatutario. Entre ellas, sobresale la cesión a la DGA de la gestión de la reserva hídrica (6.550 hectómetros cúbicos en la cuenca del Ebro) establecida en la norma básica aragonesa.

Ese enfrentamiento político contrasta poderosamente con los grandes avances que están logrando esta legislatura en materia hídrica otras comunidades autónomas con reclamaciones similares a la aragonesa, como es el caso de Andalucía, gobernada por los socialistas, y Castilla y León, con un Ejecutivo popular.

El primer triunfo se lo apuntó la Junta de Andalucía que preside Manuel Chaves el pasado 17 de octubre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el traspaso de la gestión de la "cuenca andaluza del Guadalquivir". Esa cesión, que afecta a 849 puestos de trabajo y tiene un coste de 70,5 millones de euros, entrará en vigor el uno de enero. Las dos administraciones alcanzaron el acuerdo un mes antes, el 20 de septiembre, en su comisión bilateral, un instrumento cuya utilidad y funcionamiento son respetados por el Estado con determinadas autonomías, pero que en el caso de Aragón está bloqueando con su negativa a dotarla de contenido real.

Con la cesión acordada, el Gobierno andaluz asumirá "la concesión, gestión y protección de los recursos hídricos asignados y reservados por la planificación hidrológica, el registro de aguas, el otorgamiento de autorizaciones de vertido y de uso o aprovechamiento del dominio público hidráulico, la participación en la planificación hidrológica y la explotación, conservación y régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos".

El Ejecutivo central se reserva "la normativa básica; la fijación del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir; la elaboración, aprobación, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación; la programación, aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean del interés general del Estado o cuya realización afecte a otra comunidad; el registro de zonas protegidas y otras funciones en concurrencia con la comunidad (andaluza)".

Por su parte, los progresos de Castilla y León para cerrar un acuerdo de las mismas características sobre la cuenca del Duero evidencia que los avances en Andalucía no responden exclusivamente a la sintonía política entre Ejecutivos socialistas. En este caso, al igual que en el andaluz y como sucede con Aragón, la reclamación del traspaso de la gestión hídrica se basa en un precepto estatutario que debe ser desarrollado en una comisión mixta con el Estado.

El pasado mes de julio se celebró el encuentro de la Comisión de Cooperación entre el Estado y la comunidad castellanoleonesa y se decidió organizar tres subcomisiones, una para resolver litigios pendientes, otra para analizar las inversiones y las infraestructuras y otra más centrada en la cesión de la gestión del Duero.

Andalucía logró el acuerdo sobre el Guadalquivir seis meses después de que se formara la ponencia técnica de estudio. Castilla y León también parece gozar de fortuna con los tiempos políticos, donde Aragón tropieza siempre, ya que, según la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, el traspaso del Duero podría aprobarse en siete meses.