El tiempo es oro para todo el mundo, pero en especial para las personas que no tienen trabajo, ni visos de tenerlo, y también para los que no saben cómo llenarán la nevera o de que manera harán frente al recibo de la luz. Son cuestiones de supervivencia diaria a las que hay que añadir el agravante de que muchas de estas personas, para poder acceder a las ayudas sociales, tienen que esperar varios meses, hasta seis en algunos casos, según denunció ayer Cáritas Zaragoza en la presentación de su informe anual.

Una demora en la prestación de estos servicios que, en varios centros municipales de Zaragoza, como los de San José o Las Fuentes, supera las ocho semanas solo para pedir una primera cita. Se trata de una larga espera que puede prolongarse hasta los tres meses cuando se intenta acceder a ayudas de urgente necesidad o los seis meses cuando el usuario pretende conseguir el ingreso aragonés de inserción, el último salvavidas al que podrán acogerse las personas que, a principios de enero, ya no dispondrán de la ayuda de 426 euros del Programa Temporal de Prestación por Desempleo e Inserción (Prodi).

Cáritas, que presentó ayer su campaña navideña, denunció la política social del Ayuntamiento de Zaragoza que "tiene la puerta de entrada a los servicios colapsada". La demanda se ha incrementado y no ha venido acompañada de un refuerzo de personal. "No ha puesto ninguna medida para resolver esta situación a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la crisis", apuntó ayer Fran Yagüe, secretario de la entidad social.

Yagüe se preguntó si esta demora, que afecta a cuestiones básicas como la alimentación, la vivienda o la sanidad, es una estrategia para no ejecutar el presupuesto, una falta de voluntad o si se trata de un problema que no se sabe cómo solucionar.

Ante este retraso en la atención y la materialización de las ayudas por parte de los organismos públicos, Cáritas recordó también la necesidad de que la Administración "dé una respuesta ágil y práctica a la situación, algo que no ha ocurrido hasta ahora", según palabras de su presidente Carlos Sauras. Además, aseguró que la organización que él preside no es "ningún servicio especializado en acción social".

A pesar de ello, este año (datos hasta septiembre) Cáritas ha atendido a 2.474 familias, ha realizado 3.894 intervenciones y ha otorgado más de 4.415 ayudas, con un importe de 515.680 euros, lo que equivale a una media de 16 ayudas diarias con un gasto medio de 1.900 euros.

Estas ayudas duplican los datos de 2007, momento en el que Cáritas atendió a 1.497 familias, cantidad que se incrementó hasta las 2.438 en los primeros momentos de la crisis, en 2008, y que en el ejercicio pasado llegó hasta las 3.228. Este año, la mayoría de las ayudas han sido por temas de alimentación (43%), seguido de la sanidad (27,9%) y las relacionadas con la vivienda (14,5%).

En cuanto a los barrios, Las Delicias, el Casco Histórico y San José acumulan el mayor número de demandas. El perfil de las personas atendidas refleja que a estas prestaciones concurren a partes iguales hombres y mujeres, nacionales o extranjeros (50,3%). Además, el 60,9% de los solicitantes son personas en edad de trabajar, y de ellas el 65,6% son desempleados.

Esta situación es muy similar en el caso de Huesca. Si hace tres años acudían una o dos personas al mes a Cáritas para solicitar apoyo en la tramitación de los subsidios, ahora son entre 10 y 15. Sin embargo, la respuesta de la Administración es "lenta". El secretario general de la organización en la capital oscense, Jaime Esparrach, indicó que el tiempo de espera para acceder al ingreso aragonés de inserción o la ayuda de integración familiar, puede oscilar entre 2 y 4 meses. En este caso, asegura que desde la DGA les han informado de que no se trata de una dificultad presupuestaria para atender las necesidades sino de "un problema de capacidad de gestión". Esparrach también denunció que "nosotros no podemos proveer a las familias de todo", y recordó que cada vez llegan más casos derivados de instituciones donde ya no les pueden ayudar más.

En el caso de Teruel, las ayudas de emergencia de los servicios sociales del Ayuntamiento se conceden en un plazo máximo de un mes tras la solicitud. En una urgencia alimenticia la concesión se realiza de inmediato, tras una entrevista de los trabajadores sociales con el solicitante, mediante la entrega de un vale de alimentos.