Los cuatro servicios públicos de titularidad autonómica creados por la DGA para asegurar una correcta gestión y eliminación de otros tantos tipos de residuos no urbanos están ya en marcha, pero de momento solo se beneficia de ellos una parte del territorio aragonés. Los residuos peligrosos que se generan en toda la Comunidad se llevan al nuevo vertedero que se ha construido en Torrecilla de Valmadrid. Lo mismo sucede con los neumáticos fuera de uso (NFU): todos van a parar a la planta que hay en el Parque Tecnológico del Reciclado. Sin embargo, la zona de Zaragoza es la única que dispone de instalaciones para los residuos industriales no peligrosos y los de construcción y demolición (RCD).

El Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (GIRA) preveía que a finales de 2008 los cuatro servicios públicos estuvieran totalmente desarrollados. No ha sido así, y aunque los porcentajes de cobertura de todos ellos son bastante altos por el enorme peso de la capital, todavía faltan por construirse 52 instalaciones para RCD y 3 vertederos industriales. Además, la planta de tratamiento para residuos peligrosos está en obras.

La mayoría de esas actuaciones pendientes se encuentra en fase de adjudicación. Además, se trata de infraestructuras relativamente sencillas, por lo que todas deberían estar acabadas entre este año y el que viene.

En todos se paga una tarifa

La legislación española permite que las Comunidades puedan declarar servicio público la gestión de determinados residuos. Haciendo uso de esa competencia, a finales de 2003 el Gobierno de Aragón declaró servicio público de titularidad autonómica la eliminación y la valorización de los residuos no urbanos ya mencionados. La DGA asumió así la responsabilidad directa sobre esas cuatro actividades, y lo hizo previendo la posibilidad de que en la prestación del servicio puedan participar empresas privadas.

La planificación de cómo debe prestarse cada servicio quedó plasmada en el GIRA aprobado a comienzos de 2005 y recientemente actualizado. Fue ese documento el que estableció la necesidad de crear las 59 infraestructuras de vertido o reciclaje que van a construirse.

El coste total de la construcción y la gestión durante un cuarto de siglo de esas 59 infraestructuras ronda los 833 millones de euros. Sin embargo, la DGA no tiene que costear ni un céntimo. Gracias a una novedosa fórmula de financiación, todos los gastos generados corren a cargo de las empresas privadas que reciben la concesión para crear y explotar los equipamientos previstos. Una vez puestos en marcha, los inversores recuperan su dinero gracias a las tarifas que tienen que pagar los usuarios de las instalaciones. De esta forma, se cumple el principio de que quien contamina paga.