Todos los partidos aragoneses se mostraron ayer "respetuosos" con el derecho de los ciudadanos a emprender las acciones judiciales que consideren oportunas, pero al mismo tiempo reclamaron "responsabilidad social" para que el embalse de San Salvador, proyectado para la regulación del Ésera, como alternativa a Santaliestra, en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña tras el acuerdo unánime de la Comisión del Agua, no se bloquee por los recursos y la querella planteados por algunos de los regantes y afectados.

Como publicó ayer este periódico, tres comunidades de regantes del sistema y tres particulares han presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir que se anule el convenio de financiación que permitió el inicio de los trabajos y que fue aprobado por la asamblea de la comunidad general de regantes. Además, uno de los particulares ha presentado una querella criminal contra el presidente del Canal de Aragón y Cataluña por prevaricación.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Miguel Franco, señaló su deseo de no "entrar en asuntos internos" de los regantes, pero resaltó el interés de "llegar a un acuerdo para no echar por tierra un proyecto muy consensuado y que costó un gran esfuerzo político y social". Su homólogo del PP, Eloy Suárez, hizo la misma reserva al manifestar su "respeto por el derecho a ejercer acciones judiciales", pero recordó el punto del acuerdo alcanzado en la Comisión del Agua donde se estipula que el Canal de Aragón y Cataluña "no renunciará a Santaliestra hasta que esté construido San Salvador".

El portavoz del PAR, Javier Allué, manifestó que "nos estamos equivocando gravemente si en el seno de la comunidad general de regantes no es posible ejercer la responsabilidad para salvaguardar los acuerdos que tanto han costado adoptar en la Comisión del Agua". Para Allué, "las acciones judiciales están motivadas por aspectos de forma, no de fondo, no se cuestiona la construcción del embalse, y sería preferible que prevaleciese el interés general y se respetase la unanimidad que se ha logrado en torno al proyecto".

Bizén Fuster, de CHA, dijo respetar "a los afectados en la defensa de sus intereses" y afirmó que "el fondo del problema es económico, por la financiación de la obra, cuyo modelo habría que mejorar". De todas formas, Fuster resaltó que en la reclamación judicial "no parece primar el interés general, sino más bien cuestiones económicas e incluso personales". José Manuel Alonso, de IU, expresó la "profunda decepción" que supone "un preocupante paso atrás que, además, es muy peligroso como precedente en otros proyectos y para el conjunto de la política hidráulica que nos hemos marcado en la comunidad con el diálogo y la búsqueda de acuerdos como ejes centrales". Además remarcó la "contradicción bárbara" de que haya regantes que judicialicen un proyecto "por motivaciones económicas" cuando han criticado siempre esa posición en los opositores a los embalses.

El presidente del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez, dijo que quienes han presentado las reclamaciones judiciales "son los afcetados por las expropiaciones" con la intención de "lograr más dinero". "Es una lástima, pero cada uno tiene derecho a hacer lo que crea conveniente", añadió.

Pérez aseguró que la Confederación Hidrográfica del Ebro, aunque todavía no ha resuelto los recursos que se le presentaron contra el acuerdo de la asamblea sobre el embalse, "posee un informe jurídico que respalda que todo se desarrolló correcta e imparcialmente".