Los partidos exigen contundencia al Gobierno para evitar estas prácticas

Los partidos exigieron ayer contundencia al Gobierno de Aragón para que vele por que se cumpla la legalidad en los asuntos de vivienda. Como publicó ayer HERALDO, un grupo de cooperativas está cobrando, sin tener el suelo, 2.000 euros a los solicitantes que quieren optar a una vivienda protegida, mientras la normativa prohíbe exigir más de 30 euros a los potenciales cooperativistas. No obstante, la DGA ya ha abierto una inspección sobre este asunto.

"Lo que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón es requerir la información a las cooperativas implicadas y después investigar cada caso", explicó el portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, que avaló la gestión de la DGA. El socialista quiso dejar claro, en la línea del director general de Vivienda de la DGA, Julio Tejedor, que "desde el Ejecutivo autonómico no se ha autorizado como condición el cobro de una cantidad superior a la estipulada por la ley".

"Fallos importantes y serios"

El PP, por su parte, reclamó que el Gobierno autonómico vigile que se cumpla la normativa. "Ha habido fallos importantes y serios y el Ejecutivo tiene que tener claro que se gobierna hasta el último día", señaló el portavoz del PP, Eloy Suárez, que mostró su sorpresa por que "con tanto asesor en la DGA ocurran estas cosas". No obstante, consideró que la solución al problema es "facilitar el acceso al crédito a las cooperativas".

Su hómologo del PAR, Javier Allué, pidió contundencia para evitar "cualquier práctica ilícita" y recordó que la compra de una vivienda es una de las cuestiones "más importantes de la vida". "Por tanto, no se puede permitir que haya un sistema de engaño en el proceso que se inicia para adquirir un piso", destacó.

El diputado de CHA Bizén Fuster consideró "sorprendente" que se exija dinero para avales. "Si es para eso, debería ser suficiente con que los propios solicitantes presentaran un aval", sugirió el nacionalista, que vio "una contradicción" en este procedimiento. De hecho, calificó de "cuanto menos alegal" que los interesados deban abonar 2.000 euros para optar a una VPO de una cooperativa que aún no tiene el suelo.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, advirtió de que las cooperativas "sufren un mayor control y gestión más rigurosa que cualquier promotor privado" y de que las cuotas por hacerse socio no deben confundirse con otras aportaciones. Barrena culpó al sistema financiero de la situación creada. "Las entidades financieras que han recibido tanto dinero público deberían facilitar a las cooperativas sociales ayudas para poder concurrir a los concursos", reclamó. En este sentido, lamentó que deban "buscarse la vida".

No obstante, instó a cumplir la legalidad y señaló que "si alguien no lo hace, que vayan al juzgado y denuncien".