Los objetores a Ciudadanía seguirán sin ir a clase hasta que se falle sobre sus casos

Las familias aragonesas objetoras a Educación para la Ciudadanía seguirán sin llevar a sus hijos a clase de esa materia hasta que se falle sobre sus casos particulares. Pese a que el Tribunal Supremo dictaminó el miércoles que es una asignatura obligatoria y que no cabe objeción, de momento, esa decisión solo afecta directamente a las quejas llegadas desde Andalucía (la sentencia que les favorecía llegó al Alto Tribunal recurrido por la Junta y por la Fiscalía) y a algunos padres de Asturias (que recurrieron el fallo desfavorable de sus jueces).

Las familias del resto de las comunidades que tienen procesos abiertos deben esperar a que estos sean admitidos en el Supremo. Cuando esto ocurra, el Alto Tribunal actuará como lo ha hecho con los casos de Andalucía y Asturias, es decir, les dirá que no se puede objetar y que deben ir a clase (ya que el fallo del miércoles del Supremo unifica doctrina para los procesos abiertos).

Con esto, los opositores a la polémica asignatura ganan tiempo y mientras dure este proceso, sus hijos podrán continuar sin asistir a las clases de Ciudadanía. En Aragón, son casi 300 los objetores a la materia, de los que 36 casos han llegado al Contencioso-Administrativo. Además, se han dictado medidas cautelares por las que se permite a 15 alumnos no acudir a esas lecciones, según los datos aportados por el departamento de Educación. “Hasta que los jueces no revoquen esa decisión y se solucionen los casos abiertos, los alumnos no irán a clase”, afirma Carlos Pérez Lázaro, de la plataforma ‘Educación para la Ciudadanía en Aragón ¡va a ser que no!’.

Pero el camino no acaba ahí. Cuando el Alto Tribunal diga que los alumnos deben cursar la materia, los padres afectados recurrirán el fallo al Constitucional. “Esperaremos a que el Supremo publique la sentencia, pero no nos conformaremos con el resultado. Iremos al Constitucional y, después, si es necesario, a Estrasburgo. Llegaremos hasta el final”.

Con esto, el proceso se alargaría en el tiempo y algunos alumnos podrían finalizar sus estudios secundarios sin haber cursado la asignatura. Podría darse el caso de que si el Constitucional falla en unos años y ratifica la posición del Supremo, los alumnos (ya universitarios) se encuentren en mitad de una carrera con una asignatura de secundaria pendiente.

Por ello, el Ministerio de Educación asegura que lo más sensato es volver a las aulas y recuperar la materia que no se ha estudiado. El Gobierno central deberá dar a conocer en breve las medidas que articulará para que esos jóvenes recuperen las ausencias y obtengan sus calificaciones. No obstante, será la comunidad la que decida cómo se cursará la asignatura. Ante esto, fuentes del Ejecutivo aragonés ya señalaron el miércoles que esperan que los estudiantes se incorporen a las clases con normalidad.

Piden que sea optativa

Desde la plataforma contra la Educación para la Ciudadanía en Aragón insisten en que la asignatura debería ser optativa y recuerdan que el Supremo deja claro que la asignatura debe limitarse a inculcar valores recogidos en la Constitución. De hecho, el dictamen recoge una matización en la que se expone que no se permite a las autoridades administrativas ni a los profesores imponer a los alumnos criterios éticos o morales que son objeto de discusión en la sociedad. Cualquier intento de utilizar esa materia para adoctrinar sobre valores morales permitirá revisar en el futuro el fallo del Alto Tribunal.

Por su parte, Concapa Aragón señaló ayer que seguirá apoyando a todos los padres que “haciendo uso del derecho constitucional de educar a sus hijos conforme a sus propios criterios, convicciones religiosas, filosóficas y morales, decidan recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional”.

Además, pidió a la DGA que resuelva cuanto antes esta cuestión, ya que “resulta un contrasentido que una asignatura en que uno de sus fines es el respeto a la pluralidad y la tolerancia debería servirnos a todos para que se alcanzase un consenso de todas las partes afectadas”.