Los médicos de familia amenazan con pedir que se anule la oposición de 1997

Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) dio la razón, este año, a la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), que denunció las condiciones que rodearon las oposiciones para 163 plazas de médico de familia convocadas en 1997.

El TS las anuló y, desde entonces, representantes del departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, del Servicio Aragonés de Salud y de Samfyc han intentado llegar a un acuerdo que recompense a quienes no obtuvieron plaza o se quedaron en peor posición que a la que hubieran podido optar.

El fallo insiste en que no hubo igualdad de acceso a las plazas ni tampoco en el proceso por el que se valoraban aspectos como la antigüedad, los méritos y los servicios prestados.

Lo cierto es que nadie cuestiona que ejecutar una sentencia de estos términos sería la peor de las decisiones. Los que ganaron la plaza en esta convocatoria de empleo la ocupan desde el año 2000 y ya llevan casi una década en sus centros sanitarios. Sin embargo, muchos facultativos de los que se quedaron sin puesto corrieron peor suerte y tuvieron que exiliarse a otras comunidades o perdieron la oportunidad de ganar una plaza estable.

Por eso, tras la sentencia se han iniciado una serie de reuniones con el objetivo de llegar a un acuerdo. No obstante, Samfyc alerta ahora de que las conversaciones con la Administración están a punto de romperse. La Sociedad asegura que la DGA -a través de sus departamentos de Presidencia y Salud- está haciendo oídos sordos a sus reivindicaciones, por lo que avisa de que, si las conversaciones no comienzan a dar frutos, pedirá la ejecución del fallo.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón niegan que haya problemas en la negociación. Insisten, por el contrario, en que las conversaciones avanzan a buen ritmo y en que está pendiente una nueva reunión para después del verano.

La sociedad ya ha localizado a una treintena de afectados. De ellos, 16 consiguieron plaza, pero estiman que una peor de la que hubieran podido ganar. Todos ellos han contactado estos meses con Samfyc que, a su vez, ha transmitido tres objetivos a los que no piensa renunciar.

Plazas y compensaciones

El primero es asegurar una plaza de médico de familia en propiedad a quienes no la consiguieron en esa oposición y facilitar la elección de un puesto con un destino mejor para los otros afectados.

Además, exigen la compensación económica por daños y prejuicios a Samfyc y el compromiso firme por parte de la DGA "de que estos hechos no se vuelvan a producir" e insisten en que debe mostrarse "un decidido apoyo a esta especialidad vía MIR, a través de las mesas sectoriales de Función Pública y Sanidad en las próximas y siguientes oposiciones del Salud, en los concursos de traslados y en las bolsas de trabajo para cubrir interinidades".

La junta directiva de Samfyc entiende que "la Administración aragonesa no ha entendido el mensaje prudente que desde esta asociación científica se quiere dar". Comprenden que la responsabilidad política de la convocatoria de 1997 no es de esta Administración. No obstante, recuerdan que cuando el caso aún estaba en el TS pendiente de solución, "este Tribunal decidió sacar una oposición en idénticos términos que los que anula ahora el Tribunal Supremo".

Ciertamente, los hechos se refieren a una época en la que aún no se habían consumado las transferencias, y las oposiciones fueron convocadas por la Dirección General de Recursos Humanos (hoy sería Función Pública).

La oposición buscaba consolidar el empleo de los interinos, en una época en la que estos habían ido accediendo sin procesos regulados y después de 15 años sin oposiciones (desde 1982).