Desde que un asunto entra en el juzgado hasta que el juez dicta una sentencia firme puede transcurrir de media un año. Pero hacer cumplir el fallo puede convertirse en un vía crucis todavía más prolongado. Como ha quedado de manifiesto tras el caso de Mari Luz, las consecuencias de estas demoras pueden llegar a ser fatales. Según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -con datos del tercer trimestre e 2007-, los juzgados aragoneses acumulan 38.813 sentencias pendientes de ejecutar. Pese a parecer una cifra desmesurada, Aragón figura entre las comunidades donde el sistema funciona con más eficacia.

Por jurisdicciones, la Civil es la que más trabajo arrastra en las tres provincias. Al contar con un mayor número de litigios y órganos, las sedes judiciales de Zaragoza tienen la 'nevera' más llena. De hecho, según el último informe del CGPJ, los juzgados zaragozanos mantienen abiertas 25.719 ejecuciones, de las que un 20% corresponde a los órganos de Primera Instancia. La provincia de Huesca tiene pendientes 3.288 fallos (3.257 de Primera Instancia), mientras que en Teruel quedan por hacer cumplir 1.480 (1.469 de Primera Instancia).

"Ejecutar una sentencia de un juzgado de Primera Instancia es mucho más costoso, porque muchas veces hay que recurrir a embargos, tasaciones, subastas y otros complicados trámites", explica la letrada zaragozana Carmen Cifuentes. "Cuando esto ocurre -continúa-, podemos hablar tranquilamente de otros dos años".

Sin embargo, por la naturaleza de la jurisdicción, los retrasos más preocupantes son los de los juzgados de lo Penal. Sobre todo, porque aquí siempre hay una vítima o perjudicado y la única forma de resarcirle es con una compensación económica o decretando el ingreso en prisión del condenado (si así lo establece la sentencia). Como publicó el pasado sábado este periódico, los siete juzgados de lo Penal de Zaragoza acumulan casi 4.000 sentencias por ejecutar. Sin embargo, la cifra se amplía a 4.856 cuando el ámbito es Aragón.

Según fuentes judiciales, el juzgado zaragozano que terminó 2007 con más tarea pendiente fue el número 7 de lo Penal, al que le quedaron por hacer cumplir 688 fallos. En el lado opuesto se hallaba el número 2, que tenía 427 sentencias por ejecutar. "Cada año se reparten entre 2.500 y 3.000 asuntos entre los siete juzgados de lo Penal de Zaragoza, a los que hay que sumar los expedientes en ejecución", explica el juez decano, Mauricio Murillo. "Estas cifras permiten hacerse una idea del desmesurado volumen de trabajo que corresponde a cada uno de estos órganos", apostilla.

La Junta de Jueces de Zaragoza debatió en su reunión del pasado 14 de marzo un escrito redactado y rubricado por la totalidad de la plantilla -jueces, secretarios y funcionarios- de los siete juzgados de lo Penal de Zaragoza, en el que ya se advertía del "colapso" al que estaba abocada esta jurisdicción. El caso Mari Luz ha llevado estos días a las portadas de telediarios y periódicos los retrasos en la ejecución de las sentencias. Sin embargo, el mencionado documento deja constancia de que ya existía antes una enorme preocupación entre los propios trabajadores de la capital aragonesa.

Los juzgados de lo Social también representan un porcentaje significativo en los fallos pendientes de ejecución en Aragón: Zaragoza acumula 462, Huesca 23, y Teruel 17. La jurisdicción contencioso-administrativa no arrastra tantas demoras, ya que solo son 31 los expedientes de ejecución por resolver. Por provincias, en Zaragoza están sin cerrar 26 casos, en Huesca, 4, y en Teruel, 1.

El sistema castiga la eficacia

El CGPJ ha establecido dos indicadores para valorar el nivel de eficacia de la Justicia, en general, y de los diferentes órganos, en particular. Se trata de la tasa de pendencia (ratio de casos pendientes y resueltos) y de la de congestión (ratio de asuntos arrastrados, de nuevo ingreso y resueltos). Y de acuerdo con el último informe estadístico, Aragón es la segunda comunidad española más eficaz, solo por detrás de Navarra.

La tasa de pendencia media en España al cierre del tercer trimestre de 2007 era de 1,20, mientras que la aragonesa se situaba en 0,91. En cuanto a la tasa de congestión, la media nacional era de 2,20, y la de la Comunidad de 1,90. En el lado opuesto aparecen territorios como Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia, Murcia o La Rioja, donde la resolución de los expedientes es mucho menos ágil.

"En cierta manera, estamos pagando nuestra eficacia", considera el juez decano de Zaragoza. La explicación es sencilla, ya que a la hora de crear nuevos órganos o reforzar los existentes no se tienen en cuenta las estadísticas de sentencias pendientes de ejecución, sino las que hablan de fallos dictados por los juzgados de instrucción. "De esta forma -indica Murillo- se produce un importante embudo, ya que la agilidad que conseguimos en la tramitación se frena en la ejecución, porque no hay juzgados suficientes para hacer cumplir las sentencias".

Según las cifras del CGPJ, solo los juzgados penales de Granada tienen una eficacia similar a la de los zaragozanos. La tasa de pendencia de ambos es de 0,36, muy por debajo de la media nacional, situada en 0,70. La situación es muy distinta en los órganos de lo Penal de la provincia de Huesca, que ocupan la segunda peor posición a nivel nacional, con una tasa de 1,31. De hecho, solo presenta unas estadísticas peores Ciudad Real. En cuanto a Teruel, la tasa de pendencia es de 0,86, peor que la de Zaragoza pero mejor que la de Huesca.

El Gobierno aragonés asumió el pasado 2 de enero las competencias de Justicia, por lo que el próximo año tendrá voz a la hora de proponer la creación de nuevos órganos.