El cerco a los delincuentes viales se estrecha. Y, a partir del próximo 23 de diciembre, los jueces estarán autorizados a decomisar todos aquellos vehículos con los que se cometa un delito de tráfico. Durante el año pasado, los juzgados aragoneses abrieron diligencias contra 2.691 conductores por excesos de velocidad, alcoholemias, negativas al sometimiento a la prueba, conducciones temerarias o con desprecio a la vida ajena o por circular sin carné. Con la inminente reforma del Código Penal, todos los que como ellos sean detenidos por un delito vial podrán quedarse sin vehículo. Sin embargo, se prevé que los magistrados solo intervengan turismos, motocicletas y ciclomotores en los casos más graves y a los reincidentes.

Como si de un arma de fuego o navaja se tratase, los jueces pasarán a considerar a los vehículos como "instrumentos" del delito. Hasta ahora, esto solo sucedía en los casos de conducción kamikace, en los que se ponía en concreto peligro la integridad de las personas. El abanico se amplía y con la reforma sus señorías podrán ordenar muchos más decomisos. Una potestad que no resulta baladí, ya que no será una simple inmovilización. Los conductores podrán llegar a perder sus coches o motocicletas, ya que los magistrados estarán facultados para ordenar su venta o subasta para hacer frente a las responsabilidades civiles del condenado.

Conforme a esta reforma, la Guardia Civil y las policías locales estarán obligadas a poner a disposición judicial todos los vehículos utilizados para cometer un delito contra la seguridad vial. "No será un decisión voluntaria de los agentes. Es que estarán obligados a hacerlo", comenta el intendente principal de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza, Manuel Solanas. "Además -añade-, serán los jueces quienes tengan que dictar un auto para poder sacar los vehículos decomisados del depósito municipal".

Como el número de habitantes, el censo de vehículos de la capital aragonesa no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años. Según la última estadística oficial (con datos de 2009), actualmente están 'empadronados' en Zaragoza 348.760 vehículos. Los turismos representan el 73%, mientras que las motocicletas y los ciclomotores suponen el 8,7 y 5,8 %, respectivamente. Por ser el parque más importante de la Comunidad, es lógico que también sea en la capital donde más decomisos se produzcan.

Durante 2009, la Policía Local de Zaragoza imputó casi 1.700 delitos contra la seguridad vial. Y si con la reforma del Código Penal se inmovilizan y decomisan todos los vehículos implicados en este tipo de delitos, a las grúas municipales no les va a faltar trabajo.

Hasta 23 euros por día en el depósito

El hecho de que sean los jueces quienes tengan que pronunciarse sobre la inmovilización de un vehículo puede disparar bastante el recibo del depósito. Porque no todos actúan con la misma rapidez. Y cada día que el vehículo pasa en dependencias municipales, el 'castigo' económico por el delito cometido aumenta.

Según la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza, una motocicleta o un ciclomotor pagan 9,80 euros por día o fracción (además de los 150 que cuesta el transporte), mientras que a los turismos les cuesta 23,05 euros (y 165 por retirada). Actualmente, algunos magistrados están dictando autos para poder sacar el vehículo en uno o dos días. Sin embargo, otros llegan a demorar este trámite hasta mes y medio.

Como sucedió con el carné por puntos, esta nueva medida legal para atajar los delitos de tráfico puede terminar resultando discriminatoria. Porque mientras a los conductores que se desplazan por ciudades grandes como Zaragoza se les aplica la norma de forma estricta, no pasa lo mismo en las pequeñas localidades. De hecho, en muchas de ellas ni siquiera existe un depósito municipal donde poder llevar los vehículos inmovilizados. Por lo tanto, habrá que ver cómo se resuelve esta cuestión.

También habrá que establecer qué ocurre si se circula por carretera. Hasta ahora, la Guardia Civil inmovilizaba el vehículo bien con un cepo o bien verbalmente. Sin embargo, esto último no es siempre efectivo, como ocurrió el pasado 1 de agosto en Santa Eulalia cuando un conductor fue parado por ir ebrio y le ordenaron "verbalmente" que no cogiera el coche. Sin embargo, desobedeció y originó un accidente en él mismo perdió la vida y causó tres heridos.