Los jueces aragoneses saldrán a la calle para denunciar las carencias de la Justicia

Los jueces de Aragón saldrán a la calle por primera vez en su historia para denunciar las carencias de la Administración de Justicia, la falta de medios con la que hacen su trabajo y para lograr "dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos".

La Asamblea Autonómica de Jueces y Magistrados de Aragón acordó ayer secundar la jornada de protesta convocada por las asociaciones judiciales para el 18 de febrero. En principio, condicionan su apoyo a la huelga convocada en el mes de junio al resultado de las negociaciones que se mantengan hasta entonces con el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, los jueces de Teruel podrían ir más allá -como ya decidieron ayer los de Madrid, Castellón y Murcia- y convocar una huelga para ese mismo 18 de febrero. No obstante, su decisión también está condicionada al resultado de la reunión que tendrá lugar el próximo 26 de enero entre las asociaciones de jueces y el ministerio.

El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, que estuvo acompañado por la decana de Teruel, Amparo Monge, y el juez de Jaca Ángel Manuel de Pedro, en representación de Huesca, explicó que una de las medidas de protesta consistirá en una concentración de diez minutos ante las principales sedes judiciales de las tres provincias, que en la capital aragonesa será al mediodía en la plaza del Pilar.

Esa misma mañana celebrarán una jornada de puertas abiertas en todos los edificios judiciales de Aragón "para permitir que los ciudadanos conozcan de primera mano la situación de la justicia en España". "En ningún caso esta medida supondrá una interrupción de las actuaciones judiciales ni incidencia ni distorsión en el trabajo de los juzgados y tribunales", puntualizó Dolado. Además, publicarán un comunicado en la Prensa en el que explicarán a los aragoneses el porqué de sus protestas y para transmitir que son "en aras a obtener una justicia de calidad".

La Oficina Judicial, en 2010

Esta protesta se apoyará en carteles que colocarán en juzgados y audiencias con las principales reivindicaciones de la Comisión Permanente Interasociativa (CIP) y a las que se añadirán tres puntualizaciones específicas aportadas por los jueces decanos en enero. Entre ellas, la definitiva instauración de la Oficina Judicial con la fecha tope de 1 de enero de 2010, y la homologación con Europa de la ratio de jueces por habitante (10,1 en España, 19,8 en el resto). La tercera exige que en un plazo de cinco años, la inversión en la Administración de Justicia pase del 1% de los Presupuestos Generales del Estado al 3,5%, para así llegar a la media europea.

Las juntas de jueces celebradas ayer en las tres provincias aragonesas, así como en las reuniones que mantuvieron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de la Audiencia de Huesca y la Asamblea Autonómica, decidieron por unanimidad apoyar los acuerdos y la tabla reivindicativa aprobada el pasado 12 de enero por las cuatro asociaciones judiciales y la CIP.

En ella, además de anunciar una convocatoria de huelga para el 26 de junio si no hay respuesta satisfactoria a sus peticiones, se plantean ocho puntos que los magistrados consideran fundamentales. Además de la puesta en marcha de la oficina judicial, exigen la "plena incorporación" a los juzgados de las nuevas tecnologías, que englobaría la interconexión de las bases de datos, la interconexión entre juzgados de diferentes comunidades -que actualmente son incompatibles-, la creación de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles (que evitaría, por ejemplo, otro caso Mariluz); la digitalización documental; la información compartida entre los tribunales, etcétera.

Los jueces consideran muy relevante la formación del personal y reclaman que se asegure de forma inmediata la cobertura de vacantes con personal titular y se arbitre un sistema "adecuado y eficaz" de sustituciones, también con titulares.

Igualmente, solicitan que el Consejo General del Poder Judicial establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir un órgano judicial "que en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas", como ocurre ahora.

Exigen que se revise en profundidad la actual planta judicial y que la agenda de señalamientos quede en manos de los jueces y no de los secretarios. Piden también medidas para la conciliación familiar, como la supresión del traslado forzoso por ascenso, y que se adecuen quinquenalmente sus salarios, como fija la ley.