OPERACIÓN MOLINOS

Los empresarios niegan que pagaran dinero negro a Aured

Como era de esperar, los tres empresarios que ayer declararon en relación con un presunto delito contra la Hacienda Pública descubierto en el transcurso de la investigación de la Operación Molinos, negaron haber defraudado al fisco, así como haber pagado dinero negro a Carmelo Aured o haber actuado de testaferros para él.


La fiscalía atribuye a Aured este delito y asegura que dejó de declarar dos millones y medio de euros de los beneficios que obtuvo en varias operaciones inmobiliarias llevadas a cabo en los años 2003 y 2004 en La Muela. Para ello contó, según la Agencia Tributaria, con la cooperación necesaria de cinco empresarios. Arturo Beltrán, de Ebrogan, e Ignacio Usaín Aspiroz, de Sagain, declararon el pasado jueves. Ayer fue el turno de Félix Latorre Serrano, a quien la fiscal atribuye además un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil, por emitir o presentar facturas falsas. También declararon Vicente Rodrigo López y Julio Herrero Valdecantos.


Latorre negó que fuera un testaferro de Carmelo Aured y aseguró que la finca que vendió era suya y que la tenía desde hace tiempo. Reconoció que participó en la constitución de la sociedad PVL Viviendas de España S. L. (empresa que la Agencia entiende que es una mera pantalla), pero añadió que luego la vendió y que ignoraba lo que habían hecho con ella.


En la misma línea testificaron Vicente Rodrigo y Julio Herrero, administradores solidarios de Construcciones Nuevos Hogares Aragón S. L.. Por espacio de una hora cada uno y asistidos por el letrado Rafael Ariza, relataron al juez que todas las operaciones que han hecho son legales, que no pagaron dinero negro a Aured y que el precio que abonaron fue el que figura en las escrituras públicas. La Agencia Tributaria, sin embargo, considera que ambos colaboraron en la ocultación de la plusvalía de Carmelo Aured en la venta de los terrenos simulando que el precio de venta era inferior al verdadero.


La semana que viene está citado el quinto de los empresarios por este asunto, Miguel Ángel Horta (también de PVL), y se espera que el juez se pronuncie sobre la cuestión de competencia y de conexidad de delitos que planteó Rafael Ariza .