Los interesados en obtener o en sacar a la venta -en el caso de los promotores- la nueva modalidad de vivienda garantizada podrán hacerlo este mismo mes. Las Cortes convalidaron ayer el decreto que regula el Plan Especial de Dinamización del Sector de la Vivienda y que autoriza al Gobierno de Aragón a prestar avales. Solo logró el respaldo de los grupos que sustentan el Ejecutivo, PSOE y PAR. La oposición se abstuvo.

Este decreto permite que la DGA avale el 10% del precio total de un piso libre por un plazo máximo de diez años. Además, aporta un subsidio a la hipoteca que variará entre el 0,2% y el 1,8%, en función de los ingresos familiares. El plazo del crédito no podrá superar los 35 años ni tener un tipo de interés superior al 3% (Euribor+0,65). Pero las viviendas tendrán que tener unas características para poder calificarse como garantizadas: tener una superficie máxima de 90 metros cuadrados y no superar los 196.473 euros, lo que supone que los promotores tengan que reducir los precios actuales hasta un 35%.

Para optar a este tipo de pisos, los interesados deberán inscribirse en el Toc Toc para pedir la ayuda. Las casas no se adjudicarán mediante sorteo, sino que será un acuerdo entre el promotor y el comprador. En cualquier caso, se está a la espera de concluir la orden de tramitación

-podrían varias algunas cuestiones- y de firmar los convenios correspondientes con las entidades financieras.

El consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, defendió en el pleno que "el compromiso del Gobierno es avalar a aquellos que quieran adquirir una vivienda y encuentran problemas de financiación", así como "estimular la comercialización del parque de vivienda libre existente".

Sin embargo, los partidos de la oposición manifestaron sus discrepancias por considerarlo "insuficiente" y que "llega tarde". El diputado del PP Antonio Torres opinó que el plan es "poco ambicioso" y "se queda corto". Bizén Fuster, de CHA, lamentó la falta de consenso de los grupos parlamentarios. Por su parte, Adolfo Barrena, de IU, solicitó la tramitación del decreto como proyecto ley -aunque no recabó los suficientes apoyos- porque observó que el texto es "insuficiente".