Así lo ha asegurado el director general de Organización, Inspección y Servicios del Gobierno aragonés, Antonio Brun, durante su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes para detallar el estado actual del Plan de Administración Electrónica en Aragón.

Brun ha explicado el desarrollo del Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón, que cuenta con un presupuesto de trece millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea con fondos FEDER.

En virtud de este plan, a mediados de este año el ochenta por ciento de los procedimientos administrativos que se realizan por internet habrán alcanzado un nivel tres de desarrollo de la Administración electrónica.

El nivel tres, de interacción, implica que se pueden iniciar y finalizar trámites con autenticación de usuarios y procesos de negocio integrados en los diferentes canales.

Y a final de año un «porcentaje muy elevado» de estos trámites, que no ha precisado, alcanzarán el nivel cuatro de integración, es decir, con intercambio electrónico automático de información y transacciones entre administraciones, sistemas de backoffice integrados y reingeniería de proceso.

Brun ha explicado que a finales de 2011 Aragón será la primera comunidad autónoma española que disponga de «una plataforma tecnológica integrada de recursos humanos y gestión económica para toda la Administración».

Es decir, que será posible la «interoperabilidad» de las oficinas de registro del personal.

El plan cuenta, según Brun, con «67 iniciativas de servicios, de gestión, de infraestructuras y de coordinación entre los agentes», y hace especial hincapié en la colaboración entre administraciones.

También ha dicho que la administración electrónica se basa en cuatro grandes líneas maestras: el nuevo portal del Gobierno de Aragón; el propio desarrollo del plan; la gestión documental, y un programa de reducción de carga.

Desde su puesta en marcha, la nueva web ha recibido 350.000 visitas, con tres millones y medio de páginas visitadas, ha explicado Brun, quien ha defendido que se trata de «una nueva herramienta de un poder impresionante que incorpora los valores que la Administración electrónica ha puesto sobre la mesa: transparencia, ventanilla de gestiones y accesibilidad desde todas las tecnologías».

Las nuevas tecnologías, ha incidido Brun, no pueden resolver la escucha, la transmisión de valores y la comprensión, pero son «una gran oportunidad para reforzar el valor de lo público como prestador de servicios».

Desde CHA, Chesús Bernal también ha lamentado el retraso del plan, puesto que éste debería haberse empezado a aplicar desde el 1 de enero de 2010, tal y como se fijaba en la normativa.