Los acuerdos en el Aragón oriental se mantienen pese a los recortes

El consejero de Sanidad catalán, Boi Ruiz, ha anunciado un estricto plan de recortes en la sanidad pública de la comunidad vecina. En concreto, se marca un objetivo: gastar un 10% menos simplificando la estructura administrativa del sistema, reduciendo los gastos farmacéuticos o incluso cerrando camas y aplazando la construcción de nuevas infraestructuras ya comprometidas.

En este marco, a pocos les extraña que Cataluña decida este año mantener las restricciones sobre las recetas a los turistas crónicos, y muchos otros temen que esta falta de liquidez acabará afectando a los convenios de colaboración que la comunidad vecina mantiene con Aragón. Sobre todo, desde que en marzo Artur Mas pidiera 10 millones de euros por los pacientes atendidos en Cataluña, rompiendo así el acuerdo de confidencialidad sobre el coste sanitario.

No obstante, el departamento de Salud y Consumo de la DGA insiste en que «no le consta» que los convenios asistenciales que tienen en común con Cataluña se vayan a resentir y asegura que no ha recibido comunicación oficial en este sentido. Por una parte, existen unos protocolos para derivar a pacientes a Cataluña para que sean tratados, bien porque Aragón no dispone de las terapias adecuadas, bien porque a nivel nacional la unidad de referencia de esa dolencia está en la comunidad vecina o por cuestiones de cercanía. Asimismo, también sucede que hay enfermos que son trasladados desde Cataluña hasta Aragón.

«Existe un fondo de cohesión social y de carácter estatal que es el que se usa en estos casos y que no compromete la inversión de ninguna de las comunidades», explican desde la DGA. Por otra parte, uno de los acuerdos más importantes que mantienen ambos gobiernos autónomos es el convenio por el que se regula, desde abril de 2005, la asistencia en la zona limítrofe. «Sin embargo, los convenios de la zona oriental, nunca han estado sujetos a cuantía económica, por lo que cuestionarlos sería ilógico», añaden desde el Salud.

En concreto, el denominado «protocolo franja» gestiona la atención de urgencias y emergencias de 82 municipios limítrofes (37 catalanes y 45 aragoneses). De esta ayuda recíproca se benefician unos 53.000 catalanes y 52.000 aragoneses. Además, existen otros pactos más específicos en las zonas de Castejón de Sos y Benabarre (Aragón) y la Alta Ribagorza y Tremp (Cataluña) para recibir atención domiciliaria, además de equipos diagnósticos que se comparten con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y mejorar la calidad de vida del paciente.