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VILLANUEVA DE SIJENA

"Llevamos doce años esperando sentencia y no se hace nada"

El alcalde reclama al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la venta de 97 obras del monasterio.

Pinturas de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
"Llevamos doce años esperando sentencia y no se hace nada"
MNAC

El litigio de los 112 bienes del obispado de Barbastro-Monzón comienza en 1998, cuando por primera vez Lérida se niega a cumplir las órdenes del Vaticano de devolverlas a su propietario. Pero ese mismo año arranca otra lucha por casi un centenar de valiosas piezas del patrimonio aragonés que tampoco tiene aún solución. Se trata del conflicto de competencias que la Generalitat presentó ante el Tribunal Constitucional por 97 obras de arte procedentes del monasterio de Sijena. Y a día de hoy, 12 años después, se sigue esperando la sentencia, todo un récord negativo en el Alto Tribunal.

El origen del contencioso se halla en la compra de las citadas piezas por el Gobierno catalán a la Orden de San Juan de Jerusalén, propietaria del cenobio de Villanueva. Fueron varias operaciones entre 1983 y 1992, y el Gobierno de Aragón mostró su intención de ejercer el derecho de retracto para adquirirlas por el mismo precio, pero la respuesta de la Generalitat fue plantear el conflicto de competencias en 1998. Desde entonces, no ha habido respuesta, y lo peor es que se desconoce por completo cuándo podría ver la luz el esperado fallo.

Esta demora indigna a los vecinos y al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, cuyo alcalde, Alfonso Salillas, tiene claro que el motivo es el trasfondo "político" del asunto. Por ello, el consistorio presentó en diciembre de 2008 ante el Constitucional un escrito en el que urgía la resolución del conflicto de competencias planteado diez años antes. Además, en el documento, aprobado por unanimidad por el pleno de la corporación municipal, también se advertía de que en el caso de que finalmente se diera la razón a la Generalitat, el Ayuntamiento iniciaría un procedimiento para solicitar que se declare la venta de las obras "nula de pleno derecho", ya que se considera que esos bienes forman parte del monasterio y, como tales, están protegidos por la declaración de Monumento Nacional en 1923. Pero no recibieron contestación, recuerda Salillas, y únicamente se les notificó que se había recibido el escrito.

Además, el primer edil subraya que esta tardanza impide iniciar otros caminos para conseguir el regreso de este patrimonio. "Hay otras acciones legales a las que podríamos recurrir, pero no las podemos emprender mientras no se cierre el conflicto", asegura.

El primer edil lamenta que en múltiples ocasiones han insistido también al Gobierno de Aragón para que se interesara por este asunto, "pero no se ha hecho nada para acelerarlo". En este sentido, también critica la ausencia de gestiones para recuperar otras 39 obras procedentes del cenobio que no fueron compradas pero que se hallan en museos catalanes por diferentes razones.

¿Negociaciones con las monjas?

Algunas de ellas se encuentran en depósito, por lo que Salillas considera que la DGA debería intensificar las negociaciones con las últimas monjas sanjuanistas para lograr que lo levanten. Recientemente, la consejera de Cultura, María Victoria Broto, afirmó ante el pleno de las Cortes que hay contactos con las religiosas y con su representante legal, como también se ha asegurado en otros momentos a lo largo de la última década, aunque lo cierto es que estas conversaciones jamás han dado ningún fruto.

Además, hay otro 'lote' de obras que según sostiene el Ayuntamiento, fueron expoliadas durante la guerra. Es el caso de las pinturas murales de la Sala Capitular, que se pueden contemplar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. "Fueron arrancadas en septiembre de 1936 por funcionarios de la Generalitat que no tenían ninguna jurisdicción aquí, y por eso pedimos al Gobierno de Aragón que las declare botín de guerra", explica Alfonso Salillas, quien insiste en que "esto tiene exactamente el mismo tratamiento que los papeles de Salamanca". Además, considera que también en este caso se puede aplicar la Ley de Patrimonio para exigir su retorno, puesto que tras la declaración del monasterio como Monumento Nacional en 1923, su contenido también quedaba protegido e impedía cualquier traslado.

Salillas considera que tanto su ayuntamiento como los otros dos convocantes de la concentración del domingo, Berbegal y Peralta de Alcofea, se encuentran "indefendidos" por parte del Gobierno aragonés. "Nos estamos gastando nuestro propio dinero, mucho, en defender nuestro patrimonio, a pesar de que no tenemos las competencias", recrimina. Por ello, sugiere que "si no hay avances, nos plantearemos pedir a la DGA que delegue en el Ayuntamiento sus competencias en materia de patrimonio cultural". De hecho, esta posibilidad, recogida en la Ley de Patrimonio de Aragón, ya se solicitó en 2005, pero la administración la denegó.

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