Las líneas regionales de autobús de Aragón han sufrido en las últimas semanas un importante recorte con el objetivo de paliar el déficit millonario que arrastran y de ajustarse a la demanda real que hay en el entorno rural. El Gobierno de Aragón y las compañías lo oficializaron al cerrar el año pasado la negociación de las prórrogas concesionales, por las que se han introducido una serie de mejoras a cambio del mantenimiento de la exclusividad en la explotación de las rutas hasta el año 2017. Una directiva europea, que entró en vigor el 3 de diciembre, imponía la libre competencia, que con este acuerdo deberá esperar ocho años.

El recorte afecta a decenas de municipios con un bajísima demanda, que en la mayoría de los casos pasarán de contar con un bus diario a tenerlo en días alternos. Donde se ha suprimido el servicio, sus vecinos dependerán de las rutas escolares o del denominado servicio a demanda, por el que se les enviará un taxi o un microbús para recogerles previa petición.

La medida ya ha provocado críticas entre los afectados, como en los pueblos de colonización de las Cinco Villas que han dejado de contar con su ruta tradicional y a los que se cubrirá ahora con lanzaderas que les conectará con Ejea. También hubo protestas en el Aragón oriental, aunque la DGA se apresuró a aclarar que en este caso son concesiones estatales.

Según las estimaciones de la DGA, se recortará como mucho un 15% de los kilómetros que recorren las compañías, que demandaron en octubre en las Cortes de Aragón una ampliación de las ayudas para no reducir los servicios ante el déficit acumulado, que cifran en cuatro millones de euros. Según el presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva), Juan Calvo, los ajustes en las concesiones permitirá reducir los costes "entre un 10% y un 15%". Y aseguró que 42 de las 60 concesiones eran deficitarias, que ahora se han reordenado en 47.

Calvo es dueño de una de las principales compañías, Ágreda Automóvil, que hasta noviembre acumulaba una caída de viajeros del 23,22% respecto a 2008, un ejercicio en el que ya había sufrido un bajón del 11,28%. "No hemos hecho grandes cambios, porque ha consistido en ajustar la oferta a la demanda", dijo.

De ejemplo puso la única línea que desaparece, la que cubría los pueblos de colonización, que lograba una media de 3,87 viajeros por expedición. "Recorríamos 80 kilómetros para 3 viajeros, por lo que ahora empezaremos la ruta en Tauste y el resto lo cubrirá otra compañía mediante un contrato programa", dijo.

El director general de Transportes, Simón Casas, garantizó que ningún municipio quedará incomunicado y que se atenderán todas las "distorsiones" que se puedan ir generando. Casas señaló que se debe racionalizar el gasto público, como sucede con el cierre de escuelas cuando no hay población infantil suficiente, pero subrayó que la partida de subvenciones al transporte por carretera se incrementará este año casi un 8%. De 3,8 millones de euros se ha pasado a disponer de 4,1 millones para subvencionar las líneas con débil tráfico y las que directamente son una ruina y se mantienen por ser un servicio público. "Tenemos dinero, pero queremos gastarlo resolviendo problemas y no pegarle fuego", dijo.

Casas defendió que el déficit se cubre con creces con las ayudas y los derechos de preferencia que se les otorga a la hora de cubrir las rutas escolares, que suponen otros 17 millones de inversión pública.

La visión del empresario difiere. Pablo Martín Retortillo, secretario de Aetiva y dueño de Alosa, incidió en que el envejecimiento de la población, unido a la marcha de inmigrantes por la falta de trabajo en el medio rural, ha hecho caer en picado la demanda de transporte. "Si no hay demanda, no tiene sentido poner servicios. Y en municipios de 50 o 100 vecinos no hay ratio suficiente para que se genere un mínimo tráfico, lo que además se une a una crisis que agrava la situación", explicó.

Martín Retortillo señaló que en concesiones estatales sin subvenciones, como la Huesca-Lérida, se han limitado a cubrir "el mínimo concesional" tras comprobar que la apuesta por este corredor no daba sus frutos. No obstante, se ha solicitado permiso para que los autobuses de largo recorrido puedan coger viajeros en los municipios, ya que las concesiones rurales también dependen de ellos. De esta forma, se podrá multiplicar la cobertura sin tener que inflar los costes.