Las ofertas se conocerán hoy tras salvar detalles administrativos

El plazo concluyó el pasado viernes 20 de agosto, pero no será hasta hoy cuando el Gobierno de Aragón informe sobre el número de empresas que concurren a uno de los proyectos inversores estrella del Ejecutivo PSOE-PAR y que podría dar un respiro a muchas compañías asfixiadas por el parón inmobiliario y la crisis económica.

El pasado viernes se registraron el mayor número de propuestas, pero la DGA ha decidido esperar hasta hoy para informar puesto que -al tratarse algunas de empresas de ámbito nacional- registraron sus ofertas en otros servicios provinciales y, por tanto, debían ser remitidas al Pignatelli. Además, los servicios jurídicos debían cerciorarse minuciosamente de que todas las empresas cumplían formalmente con los requisitos para presentarse a este concurso. Estaba previsto que entre la tarde de ayer y la mañana de hoy estos detalles administrativos quedaran zanjados.

El proyecto se fraccionó en ocho contratos que se corresponden con los ocho sectores en los que se ha dividido la Comunidad. El proceso de contrato es un sistema de concesión por obra pública. La adjudicataria será quien diseñe, construya, financie, opere y mantenga la infraestructura. Es decir, redactará los proyectos de construcción, ejecutará las obras y realizará el mantenimiento ordinario y extraordinario hasta el año 2048. Dispone de cinco meses para diseñar el proyecto y un plazo de 30 para acometer las obras.

La empresa concesionaria, en cada caso, recibirá de la administración un pago periódico (cuatrimestral) en función de la disponibilidad de la infraestructura (calidad del mantenimiento). Entre los años 2014 y 2048 se tratará de una cuota máxima de 97 millones de euros anuales. Entre 2011 y 2013 se prevé una inversión de 638,6 millones de euros y entre 2012 y 2048, 238,4 millones de euros.

El Gobierno de Aragón siempre mantendrá la titularidad de la carretera y su inspección. Según han defendido siempre desde el Ejecutivo autonómico, se ha optado por este sistema concesional de colaboración público-privada porque "reduce la incertidumbre en la ejecución del contrato, añade eficiencia a la actuación de la administración, califica la financiación como privada o fuera de balance de la administración (este aspecto está aún sin aclarar y podría computar como deuda de las arcas autonómicas); y permite anticipar las inversiones y acomodar la propia inversión a la realidad y necesidades de la red autonómica". Hay que recordar que este sistema, por ejemplo, se utilizó para construir la M-30 de Madrid.

El pasado mes de abril, representantes de las principales empresas contratistas del país y la Comunidad asistieron a una reunión explicativa en la que técnicos del Gobierno de Aragón informaron del pliego de condiciones que rige para la adjudicación de estos ocho contratos. Ahora habrá que ver cuál es la respuesta.