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Aragón
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ACUERDO ENTRE PSOE, CHA E IU

Las Cortes regularán por ley las lenguas minoritarias de Aragón

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó hoy la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la protección de las lenguas minoritarias de la Comunidad Autónoma, el aragonés y el catalán.

 

PSOE, Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida votaron favorablemente la toma en consideración, mientras que el PP lo hizo en contra y el Partido Aragonés (PAR), socio del PSOE en el Gobierno autónomo, se abstuvo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Miguel Franco, dijo que la proposición de ley del PSOE es, en realidad, "un punto de partida" que se fundamenta en los principios de "voluntariedad y territorialidad" para proteger a "una amplia minoría" de aragoneses que hablan dos lenguas de Aragón "desde hace siglos" y siempre "sintiéndose aragoneses".

El representantes del PSOE subrayó que el conflicto suscitado ante esta proposición de ley alude al catalán y aludió a la no vinculación real entre las fronteras político-administrativas y la identidad lingüística de cada territorio al poner como ejemplo cómo en la mayoría de los países latinoamericanos, como México y Argentina, la mayor parte de la población habla "castellano" sin ser españoles.

Jesús Miguel Franco defendió la oportunidad de presentar ahora esta proposición de ley al considerar que "nunca es el mejor momento", en el sentido de que no se puede esquivar el debate social que ya ha comenzado. Franco se dirigió a los hablantes de las lenguas minoritarias para decirles que esta iniciativa es "respetuosa con la Constitución, coherente con el Estatuto de Autonomía" y que recoge la denominación histórica y filológica de la lengua que se habla en la Franja oriental, "el catalán", y afirmó que es "una suerte" hablar otras lenguas aparte del castellano.

El dirigente socialista expresó que el catalán "es algo que está allí y se ha respaldado siempre", tras lo que recordó que la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobada durante el último Gobierno autónomo presidido por el PP, ya reconoce la existencia del aragonés y el catalán. También indicó que los beneficiarios de esta proposición de ley "son aragoneses" y remarcó que la futura normativa "no hace mal a nadie" puesto que no reconoce, expresamente, la cooficialidad de las lenguas minoritarias y limita los efectos de protección y promoción de ambas lenguas a los territorios en los que, históricamente, se ha hablado.

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, subrayó que el hecho de presentarse la iniciativa como proposición de ley, es decir, a través de un Grupo Parlamentario, "refleja un fracaso del Gobierno de Aragón", en el sentido de que el desacuerdo del PSOE y el PAR ha impedido que se presentara desde el Consejo de Gobierno, o sea, como proyecto de ley. A esto añadió que Iglesias incumplió durante 10 años su promesa inicial de regular pronto las lenguas minoritarias, formulada en 1999.

Bernal avisó de que "quien busca confrontación lo hace porque, libérrimamente, lo quiere introducir en el argumentario político-parlamentario", no por haber sido incitado por ningún otro Grupo. El diputado de Chunta trajo a colación la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio, aprobada durante el último mandato del PP (1995-1999), que recoge que el reconocimiento legal del aragonés y el catalán deber ser "el punto de partida" de la regulación autonómica de las lenguas minoritarias.

"Objeto de cooficialidad"

Respecto a la hipotética co-oficialidad del aragonés y el catalán, no contemplada en esta proposición de ley, Chesús Bernal indicó que la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio dice que "deben ser objeto de cooficialidad" de ambas, tras lo que insistió en que esta norma fue aprobada por el Pleno parlamentario, también por el PP. Irónicamente, Bernal restó valor a la defensa que otros grupos realizan de las hablas locales del aragonés y el catalán, tras lo que animó a los Grupos interesados a presentar iniciativas para defender variedades locales del castellano, como "el litaguino, el guadalaviarense o el taustano".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, reconoció el "derecho ciudadano" de "las minorías" a utilizar, conservar y difundir las lenguas minoritarias y recordó que las Cortes son el Parlamento "de todo el pueblo aragonés", tras lo que aclaró que "no tenemos nada en absoluto que nos aproxime a buscar señas identitarias nacionalistas como puede ser la bandera, la frontera o la lengua" y proclamó que IU es "internacionalista, federalista y solidaria".

Barrena prosiguió afirmando que debe resolverse "una obligación" del Estatuto de Autonomía y "una aspiración" de los ciudadanos beneficiarios, tras lo que indicó que está pendiente desde hace más de 20 años. Adolfo Barrena dijo que la futura ley debe ser "valiente" y rechazó la regulación que se hizo en Castilla y León respecto a los hablantes del gallego que residen en el Bierzo o la que se hizo en Extremadura para reconocer a los extremeños que hablan portugués.

La regionalista María Herrero recordó que las lenguas minoritarias se hablan desde hace 1.000 años y proclamó que "no estamos a favor de esta proposición de ley", aunque sí apostó por regular las "lenguas y modalidades lingüísticas propias", que constituyen "una realidad". Además, en el PAR "somos aragoneses y aragonesistas" y opinó que "la pluralidad lingüística es un rasgo de identidad aragonés".

María Herrero recordó que "no queremos que se llame catalán" la lengua que se habla en la Franja y afirmó que, además de los criterios filológicos, "hay otros", como la Historia o la Sociología, que equiparó a los primeros en este campo. Herrero remarcó que "no queremos en ningún caso que se abra la puerta nunca a que pueda ser el Institut d'Estudis Catalans-Instituto de Estudios Catalanes el que pueda regular ninguna de nuestras lenguas".

En el turno en contra, el popular Miguel Navarro defendió la vigencia de las "modalidades lingüísticas" de Aragón y dijo estar "en desacuerdo" con "el espíritu" de la proposición de ley por defender el aragonés común y el catalán como lenguas propias y por dejar "de lado" las hablas locales de ambos idiomas.

Miguel Navarro negó que haya conflicto lingüístico alguno y expresó que el Gobierno autónomo debería ser "exquisito en el control del gasto público" en un momento de crisis y vaticinó que la puesta en marcha de la ley acarreará gastos importantes a la Administración aragonesa. El diputado del PP demandó la elaboración de una memoria económica para valorar el coste de la aplicación de la ley, por la previsible contratación de traductores y profesores, así como la traducción de los boletines oficiales.

El diputado del PP acusó al jefe del Ejecutivo autónomo, Marcelino Iglesias, de ser "catalanista", tras lo que afirmó que esta proposición de ley es "uno de los mayores despropósitos" de toda la etapa de gobierno PSOE-PAR y rechazó las "innumerables trampas" que, a su juicio, incluye la proposición de ley.

Miguel Navarro opinó que el aragonés común es "un invento" y negó que las hablas del aragonés que se han empleado históricamente en numerosos valles del Pirineo hayan constituido nunca una lengua común.

El Grupo Socialista de las Cortes de Aragón presentó, antes del pasado verano, su propia proposición de ley, después de que el PAR, cuyos concejales y alcaldes de la Franja rechazan, en gran parte, el reconocimiento del catalán de Aragón, rechazara presentar un proyecto de ley desde el Consejo de Gobierno.

La proposición de ley del PSOE excluye la posibilidad de que el aragonés y el catalán sean co-oficiales, tampoco en los territorios donde se habla, y recoge derechos como el de dirigirse a las Administraciones en las lenguas propias o la impartición de clases de aragonés y catalán a los estudiantes no universitarios en los territorios donde se habla habitualmente o se ha perdido en un tiempo relativamente reciente.


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