Los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón han rechazado una iniciativa, presentada por el PP, que planteaba que el personal que trabaja en las delegaciones del Ejecutivo Autonómico en Bruselas y Madrid sean funcionarios, seleccionados con los procedimientos ordinarios y no trabajadores eventuales.

El diputado popular Manuel Guedea ha defendido en la Comisión Institucional esta proposición no de Ley, al considerar que la administración pública tiene personal suficiente, alrededor de 44.000 empleados, para desempeñar las funciones que se realizan en estas dos oficinas delegadas.

La mayoría, eventuales, según Guedea

Guedea ha indicado que no entiende el hecho de que la mayoría de los trabajadores de estas dos oficinas sean eventuales, en un momento, en el que la Administración cuenta con empleados públicos "perfectamente capacitados" para este trabajo.

La plantilla de estas dos oficinas es "eventual" y, en algunos casos, no cuenta con una "acreditada preparación" para desempeñar esos puestos, lo que ha sido "objeto de polémica", ha manifestado.

Esta propuesta no afecta a los directores de las oficinas, ya que, según el PP, estos deben ser elegidos, como hasta ahora, por el Gobierno de Aragón con "categoría de director general", ha puntualizado.

Esta proposición no de Ley pretende fomentar la "austeridad" y la "racionalidad" en la Administración Pública, ha asegurado Guedea, quien ha resaltado la importancia de estos dos aspectos, "en los tiempos que corren". .

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, ha señalado que estas dos oficinas "están malempleadas", ya que deberían actuar como "auténticas embajadas y ámbitos de influencia" de Aragón, por lo que ha planteado la necesidad de dotarles de un "contenido político".

Respecto a las condiciones laborales de los empleados, Bernal ha comentado que tener personal fijo tiene sus "ventajas", pero también sus "desventajas", ya que se pierde, ha dicho, dinamismo.

Adolfo Barrena, portavoz de IU, ha rechazado también la iniciativa al considerar que no son "necesarias", ya que sus funciones se podrían realizar con los órganos habituales del Gobierno de Aragón, por lo que ha propuesto suprimirlas.

Por su parte, el diputado del PAR Javier Allué y el diputado socialista Carlos Tomás han defendido la labor que realizan estas dos oficinas y han precisado que el empleado eventual es también una clase de "trabajador público" igualmente "capacitado" para ejercer estas funciones.

Por otro lado, la Comisión Institucional ha debatido también una proposición no de Ley, planteada por el PP, que ha sido rechazada por el resto de los grupos parlamentarios, a excepción de Izquierda Unida.

Esta iniciativa instaba al Gobierno de Aragón a solicitar un informe previo a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil sobre las proposiciones de Ley, relativas a esta materia, que se aprueben en sede parlamentaria.

CHA, PSOE y PAR han votado en contra de esta iniciativa al considerar que, además de retrasar la tramitación parlamentaria, introducir esta obligatorieda en cada una de las proposiciones de Ley es "innecesario".

Por otro lado, la Comisión Institucional ha designado como presidente del Consejo Consultivo de Aragón a Juan Antonio García Toledo, y como miembros juristas a Rafael Alcázar, Javier Domper, Antonio Embid, Carlos Navarro, Juan Francisco Saénz de Buruaga y Marco y Francisco Serrano Gil de Albornoz.

Al finalizar el debate de las dos proposiciones no de Ley, el diputado popular Antonio Suárez, ha criticado que la Comisión Institucional, que se reúne cada quince días, no haya incluido las comparecencias pendientes, teniendo un orden del día tan breve, que apenas ha durado, ha dicho, "unos 43 minutos".