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Aragón

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Las Cortes nombran a cinco miembros del Consejo de las Lenguas de Aragón

Alberto Moragrega, Marta Marín, Enrique Badía, José Ignacio López Susín y Chusé Raúl Usón han sido designados por los grupos políticos. El Gobierno autonómico y la Universidad de Zaragoza eligen a los diez restantes.

El Pleno de las Cortes ha designado este jueves a los cinco miembros que representarán al Parlamento en el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un órgano compuesto por quince personas, en el que hay representantes del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

A propuesta de PSOE, PAR, CHA e IU, formarán parte del Consejo Alberto Moragrega, Marta Marín, Enrique Badía, José Ignacio López Susín y Chusé Raúl Usón, que han salido respaldados por unanimidad de la Cámara.

La secretaria primera, María Herrero, ha leído el nombre de los candidatos, en virtud al acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces celebrada el 10 de junio.

Tal y como recoge la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de Uso, Protección y Promoción de las lenguas propias de Aragón, el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón estará formado por quince miembros, que deberán ser designados entre filólogos, juristas, sociólogos, destacadas personalidades de las letras, la enseñanza o la investigación lingüística o de los ámbitos social o cultural de la Comunidad aragonesa.

Su nombramiento corre a cargo del presidente de Aragón, a propuesta de las Cortes de Aragón, del Gobierno de Aragón y de la Universidad de Zaragoza, que avalarán en cada caso a cinco candidatos que serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada dos.

El Consejo Superior de las Lenguas de Aragón se concibió para actuar como un órgano consultivo, de carácter colegiado, de especial importancia para el desarrollo de la política lingüística en la Comunidad Autónoma.

Entre sus funciones, destaca la adopción de las medidas adecuadas para garantizar la protección del patrimonio lingüístico aragonés y el seguimiento de los planes y programas en materia lingüística que se pongan en marcha.

También se contempla la posibilidad de emitir informes en asuntos relacionados con la política lingüística y efectuar propuestas sobre actuaciones de fomento y garantía del uso, enseñanza y conocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas, así como de la declaración de zonas y municipios de utilización de las lenguas propias y el uso de topónimos.

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