Las Cortes dictaminan que la DGA debe entregar los contratos públicos que pidan los Grupos

El Gobierno de Aragón está "perfectamente legitimado y autorizado" para proporcionar copia de todos los contratos que firmen las empresas del sector público y entregarlas a los grupos parlamentarios que lo soliciten, según un dictamen jurídico de las Cortes, elaborado a petición de CHA.

La DGA "puede y debe" entregar las copias de los contratos sin que precise consentimiento previo de la otra parte contractual, según se desprende de los informes elaborados por los servicios jurídicos de la cámara autonómica.

Chunta Aragonesista pidió que se analizara si el derecho de los diputados a recibir la información que solicitaran prevalece o no sobre las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluir algunos de los contratos firmados por empresas públicas con entidades privadas.

Éste es el argumento que ha utilizado reiteradamente el Gobierno de Aragón para no proporcionar a CHA una copia del convenio firmado entre la sociedad pública Motorland y la empresa privada Dorna Sports para la celebración en el circuito de la Ciudad del Motor de Alcañiz (Teruel) del Gran Premio de Moto GP.

Al estar en desacuerdo con este argumento, CHA solicitó a la Mesa de las Cortes que pidieran a los servicios jurídicos que elaboraran el citado informe, así como otro sobre el derecho de los diputados a recibir copia íntegra de las sentencias y laudos que se dicten en procesos jurídicos o de arbitraje en los que sea parte el Gobierno de Aragón o cualquiera de sus sociedades.

El Grupo de CHA ha recibido hoy los dos informes que, según la portavoz parlamentaria, Nieves Ibeas, son "demoledores y absolutamente contundentes", además de "impecables desde del punto de vista jurídico".

En el primero de ellos se señala, según Ibeas, que prevalece el derecho de los diputados frente a la existencia de las cláusulas de confidencialidad, y en el segundo se garantiza el derecho a recibir copia íntegra de laudos y sentencias.

"En todos sus aspectos y matices, los informes dicen que los diputados de CHA tienen derecho a recibir la información que les fue denegada", ha enfatizado.

En el informe se reconoce "expresamente" que la función de control es "consustancial" al principio de representación política, ha dicho Ibeas, quien estima que los parlamentarios no pueden representar a los ciudadanos si no se les proporciona las herramientas necesarias para ello, y este derecho conlleva el deber del "destinatario" de la petición de información de otorgarla.

Los informes, ha explicado Ibeas, no hacen referencia al uso que los diputados pueden hacer de la información que se les proporcione, pero en esta cuestión entra "la responsabilidad política de cada uno".

Ibeas ha insistido, además, en que el trámite de pedir la información ni siquiera necesita pasar por la Mesa de las Cortes, y que es suficiente con formularla ante la Presidencia de la cámara para que ésta la traslade al Gobierno.

Después de conocer el resultado de estos informes, CHA volverá a tramitar la petición de información sobre el contrato firmado por Motorland y Dorna.