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Aragón

ZARAGOZA QUEDA EXCLUÍDA

Las Cortes de Aragón establecen un 30% de vivienda protegida en todas las promociones urbanísticas

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó el proyecto de ley de medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley del Suelo estatal, pocos meses antes de que llegue a la cámara, para su tramitación, el proyecto de Ley de modificación de la Ley Urbanística de Aragón (LUA).

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente, explicó que posiblemente antes del verano el Gobierno enviará a las Cortes el proyecto de ley de modificación de la LUA, pero justificó la necesidad de la norma en la obligatoriedad de adecuar entretanto el ordenamiento urbanístico aragonés a la Ley del Suelo para evitar que desde el sector inmobiliario se pueda "eludir" el rigor de la nueva ley del Suelo.

La norma (que no apoyó globalmente la oposición, aunque sí algunos de sus aspectos) deriva de un decreto-ley que promulgó el Gobierno de Aragón en diciembre del año pasado y que el pleno aceptó después tramitar como proyecto de ley. Con en ella, explicó Vicente, se pretende evitar la inseguridad jurídica e incorporar los principios inspiradores de la ley estatal atendiendo a las singularidades urbanísticas que tiene Zaragoza, que en principio queda excluida del ámbito de aplicación de la ley, algo que fue duramente criticado por los representantes de la oposición.

Un 30% de vivienda protegida en todas las promociones

El Proyecto de Ley, añadió Vicente, da un impulso a las políticas activas de vivienda al establecer un porcentaje de vivienda protegida del treinta por ciento en todas las promociones; hace del "interés general" la guía de cualquier planeamiento urbanístico; apuesta por la sostenibilidad ambiental; impulsa la concentración de actuaciones entre las administraciones y de éstas con la iniciativa privada; agiliza los procedimientos expropiatorios, y exige un "modelo claro" de evolución urbanística.

Todo ello, apuntó el consejero, manteniendo siempre la confianza en el Gobierno local, el más cercano al ciudadano y, por tanto, "el más idóneo" para realizar políticas urbanísticas.

Reproches de la oposición

Precisamente la oposición reprochó al Gobierno que esta nueva norma se inmiscuye de forma determinante en la autonomía municipal.

De hecho, la promulgación del decreto-ley en diciembre generó malestar en el ayuntamiento de Zaragoza, que finalmente ha quedado excluido de aplicarla (para no paralizar infinidad de proyectos en marcha, apuntan desde el Gobierno aragonés) a la espera de que se apruebe la Ley de Capitalidad.

El diputado popular Eloy Suárez criticó que con esta ley habrá "dos tipos de urbanismo", el que haga el Gobierno de Aragón, con unas normas "que se escapan de lo que exige al resto", y el que hagan los ayuntamientos. La figura de "suelo urbanizable delimitado concertado", a su juicio, habilita al Gobierno de Aragón a hacer "lo que quiera y como quiera" en el suelo que así se califique.

Ricardo Berdié replicó que este tipo de suelo lo promueven "conjuntamente" la Administración de la Comunidad Autónoma y el municipio en cuestión, aunque Adolfo Barrena (IU) puntualizó que la norma establece que previamente tiene que haber una declaración de "interés general" por parte del Gobierno de Aragón, que tiene, por tanto, "todos los ases en la manga".

También Bizén Fuster, de CHA, coincidió en que la autonomía municipal "queda en entredicho" y lamentó que la norma que hoy se aprobó haya servido para modificar aspectos de la LUA que no venían marcados por la Ley del Suelo. Estimó que es "difícil de explicar" que la ley no sirva "para la mitad de los aragoneses", los que viven en Zaragoza.

"Es la nueva LUA lo que el Gobierno tendría que haber traído y no este decreto precipitado", apuntó por su parte Barrena, quien rechazó también la figura de suelo delimitado concertado y quien comparte con el resto de la oposición su crítica a que Zaragoza no se someta a la ley en cuanto a los porcentajes de vivienda protegida y a no tener que pedir autorización para quedar eximida de este régimen de reserva.

Desde los bancos de la oposición también se negó el "pretendido consenso" que los partidos que apoyan al Gobierno aseguraron que había cosechado la ley, puesto que aunque hay puntos que PP, CHA e IU apoyaron, se mostraron firmes en su rechazo a otros que consideraron determinantes.

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