El pleno de las Cortes ha aprobado, por mayoría, el proyecto de ley contra la contaminación acústica de Aragón en una votación en la que han sido desestimadas varias de las enmiendas y votos particulares de la oposición a algunos de los artículos en los que no se ha alcanzado una posición de consenso.

El texto legal incluye, sin embargo, 110 de las 182 enmiendas presentadas en el proceso de elaboración de la ley tanto por el grupo del PAR, coaligado con el PSOE en el Gobierno aragonés, como de los grupos de oposición del PP, CHA e IU, cuyos portavoces la han considerado "insuficiente" para proteger la salud humana, el medio ambiente y los bienes frente al ruido.

En la presentación de la ley, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha explicado que es un proyecto "largamente anhelado", que se ha elaborado con un amplio grado de participación social y de consenso, y que se adapta a las especiales características del territorio aragonés, con mapas de ruido para los municipios de más de 20.000 habitantes (Huesca, Zaragoza, Teruel y Calatayud) y la declaración de Paisajes Sonoros Protegidos por el interés ecológico de sus sonidos.

Boné ha comentado que el objetivo de la ley es prevenir y reducir la contaminación acústica y los daños que se derivan para la salud humana, el medio ambiente y los bienes, con un marco legal homogéneo que prevé, sin embargo, una ordenanza municipal "tipo" para los ayuntamientos que no elaboren las suyas propias y unos anexos para la evaluación acústica.

Ha destacado que el texto legal fija, además, la distribución competencial de las distintas administraciones de la Comunidad, mejora los mecanismos de información pública y establece medidas de alerta y prevención a partir de los referidos mapas de ruido.

Sanciones

La ley también prevé la habilitación de instrumentos económicos para programas de prevención de la contaminación acústica, y establece un régimen sancionador para las infracciones muy graves (de 12.000 a 300.000 euros), graves (de 601 a 12.000) y leves (hasta 600).

El régimen sancionador también recoge que las administraciones locales puedan revocar temporal o definitivamente las licencias de los establecimientos generadores de ruidos por encima de los límites autorizados y proceder a su cierre.

En el turno de intervenciones, el portavoz del PP, Javier Gamón, ha destacado la necesidad de la norma, pero su grupo está en contra de algunas de sus especificaciones, como la autorización a los municipios a aprobar ordenanzas con restricciones más amplias que la propia ley, al entender que favorece la existencia de divergencias legales y de agravios comparativos entre poblaciones.

Gamón se ha referido, asimismo, a la delimitación de ruidos en áreas industriales y ha advertido de que el establecimiento en la ley de límites sónicos por debajo de los 75 decibelios podría dificultar el asentamiento de nuevas empresas y la creación de empleo.

Por su parte, el portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha advertido de que Aragón es la tercera autonomía española "más ruidosa" tras Andalucía y Baleares, por lo que ha valorado la aprobación de una ley "muy esperada".

Fuster se ha mostrado en desacuerdo con la posibilidad legal de que el Gobierno aragonés pueda modificar las zonas de protección, ni que los municipios tengan la potestad de ampliarlas.

El parlamentario de IU, Adolfo Barrena, ha explicado que la ley resuelve cuestiones "pendientes" en relación con la salud pública y de directivas comunitarias en su objetivo de armonizar las actividades humanas contaminantes a nivel sonoro con el derecho al descanso y a la salud.

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha destacado la amplia participación concitada en la elaboración de la ley, con más de trescientas entidades consultadas, así como la redacción de un texto que "no es una mera adaptación" de la normativa estatal sino un proyecto "adaptado a la realidad territorial de Aragón".

A su juicio, el objetivo último de esta ley es "dar respuesta a una de las agresiones medioambientales" que los ciudadanos perciben como "más lesivas para su calidad de vida".

Ha expresado, sin embargo, su disconformidad con la definición de unas zonas específicas en las ciudades y municipios "sin incidencias" por afecciones sonoras, al entender que "no es aceptable esto en una ley que protege la salud humana".

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, se ha limitado a contestar a los grupos de oposición para negar que los distintos aspectos legales recogidos en la iniciativa "no estén suficientemente estudiados".