Las cooperativas desafían a la DGA y siguen cobrando 2.000 euros por VPO

La advertencia del Gobierno de Aragón ha caído en saco roto. El grupo de cooperativas que estaba cobrando 2.000 euros a cada aspirante a una promoción de VPO para la que carecen de suelo no solo lo continuúa haciendo, sino que amenaza con acudir a los tribunales si se les impide seguir haciendo caja. Así de categórico se mostró ayer el presidente de la Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas, Miguel Ángel Loriente, quien reiteró que esta práctica estaría amparada por la propia Ley de Cooperativas. Por ello, continuarán hasta el final para reunir los más de 175.000 euros que necesitan de fianza para optar al concurso municipal de los terrenos de la futura promoción, ubicados frente al Príncipe Felipe.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón optó ayer por la prudencia y reiteró que velará para que se cumpla la normativa y esté garantizada cualquier aportación económica de los potenciales cooperativistas. Por ello, desde la dirección general de Vivienda se apuntó que tomarán medidas cuando dispongan de toda la información requerida a las cooperativas en los expedientes de investigación abiertos la semana pasada.

Entre seis y siete cooperativas de la Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas optarán unidas al concurso municipal y pactaron cobrar 2.000 euros a cada uno de los aspirantes para salvar las dificultades de financiación de la operación. Dos de las gestoras confirmaron ayer que se mantienen en sus trece, pese a que desde la dirección general de Vivienda se recordó que la normativa vigente, el Reglamento del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, prohíbe exigir más de 30 euros para inscribirse.

Miguel Ángel Loriente sostuvo que, lejos de haberse originado "alarma social", se ha llegado a "acelerar" el proceso de captación y no se ha registrado ninguna baja de los que ya habían depositado el dinero. "Lo normal es que hubiéramos tenido una docena de llamadas interesándose, pero solo tuvimos dos aclaratorias. Ha habido una respuesta fantástica", dijo.

Para el presidente de la Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas, la medida de pedir dinero para una promoción de VPO se limita a una aportación para una fianza, por lo que no se puede entender como un pago a cuenta por una vivienda. "Si por esa interpretación errónea, con excesivo celo y lesiva para los intereses de la Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas, nos paralizan la propuesta no tendremos otra opción que ir a los tribunales", sentenció en referencia a la postura mantenida por el Gobierno de Aragón.

Como informó este diario, el servicio de Inspección de Vivienda ha abierto un procedimiento de investigación a una de las cooperativas de la federación que concursarán en grupo, Victoria Martínez, tras las quejas y llamadas de varios ciudadanos. El citado Reglamento del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida obliga a las cooperativas a remitir a la DGA la lista de aspirantes a una VPO (que se denominan legalmente expectantes), así como los requisitos objetivos que deberán cumplir para su inclusión. En ambos casos, la dirección general de Vivienda debe dar su visto bueno.

El citado reglamento autonómico, de noviembre de 2008, es taxativo en el apartado de condiciones económicas al recoger que, "de exigirse para la admisión de la solicitud alguna cantidad económica, esta no podrá superar los treinta euros". Y el director general de Vivienda, Julio Tejedor, dejó muy claro el pasado viernes que "nunca" han autorizado como condición el cobro de una cantidad superior, que "nunca" lo podrían hacer y que ninguna cooperativa lo ha solicitado hasta el momento.

El presidente de la federación incidió en que no han rebasado ese límite económico para formar parte de la lista de expectantes, aunque a renglón seguido sí piden 2.000 euros "en depósito" para afrontar la fianza necesaria para optar a los terrenos de la futura promoción, de unas 360 viviendas protegidas.

Esta cantidad ha sido depositada en cuentas abiertas por las cooperativas en la misma sucursal de una entidad financiera. Y como entienden que no es un pago a cuenta por una futura vivienda, tampoco les afectaría la necesidad de garantizar los depósitos con un aval o un seguro de caución, tal y como se recoge en la Ley de Cooperativas. "Cumplimos estrictamente lo que dice la Ley de Cooperativas y lo discuto donde sea y con quien sea", subrayó Miguel Ángel Loriente.

A su juicio, sería "contradictorio" que con una interpretación estricta de la ley un promotor pueda hacer frente a un aval con recursos propios y una cooperativa no pueda hacerlo a través de las aportaciones de sus socios. Y remarcó que defenderá el campo de acción de las cooperativas, especialmente en tiempos de crisis. De hecho, el jueves pasado apuntó que si habían decidido pedir dinero a los aspirantes a una VPO (la primera vez, dijo, que lo hacían en 25 años de trayectoria) era por las dificultades de financiación que estaban encontrando en bancos y cajas de ahorro.

Hacer cumplir la ley

El consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, aseguró que el dinero invertido por los aspirantes a la promoción de VPO "está garantizado". Tras resaltar que el objetivo "fundamental" del Gobierno aragonés es garantizar las inversiones de cooperativistas, resaltó que "en la mayoría de los casos" las condiciones se cumplen: "Y en el caso de que no se haga nos encargamos de hacer cumplir la ley".

Por otra parte, Alfonso Vicente instó a las entidades financieras a actuar con "mayor sensibilidad" con las promotoras y cooperativas que solicitan créditos para la construcción de VPO en Zaragoza. Vicente achacó la actitud de las entidades financieras a la previsión del Gobierno para su próximo plan de vivienda de elevar, vía decreto, los tipos de interés para el préstamo de dinero a promotores de VPO. "Este puede ser el motivo por el que se está retrasando la posibilidad de financiar estas promociones, porque muchas entidades están esperando el nuevo decreto", dijo.