Solo a los extremeños les cuestan sus administraciones públicas aún más que a los aragoneses. El coste de todo el entramado institucional que hay instalado en Aragón cuesta más de 13.000 millones de euros al año. Es la suma del gasto que arrastra la DGA, el Gobierno central y las múltiples instituciones locales (ayuntamientos, comarcas y diputaciones) en la Comunidad. Supone un coste por habitante de más de 10.118 euros, 300 euros por encima de la media española, según los datos del Ministerio de Economía y el INE que incorpora el estudio sobre el coste de la administración pública elaborado por el EAE para 2010.

Que Aragón esté por encima de la media y de forma tan excesiva se debe principalmente a dos factores: es una de las Comunidades más amplias y, a la vez, más despobladas. También influye el incremento considerable que ha impuesto la DGA al capítulo de gastos corrientes en los últimos cuatro años, lo que hace cada vez más pesada la administración para los aragoneses. Llama la atención que a la vez que subían el gasto de personal y el dinero destinado a gastos corrientes, bajaban considerablemente las partidas destinadas a inversiones.

A estas circunstancias se une la mala financiación autonómica que recibe Aragón. El Gobierno central se negó a ponderar de forma adecuada todos los factores singulares que caracterizan al territorio aragonés (además de la despoblación y la amplia superficie, el Estatuto hace referencia a la dispersión y al condicionante de zonas de montaña). En el momento clave de aceptar o no el sistema, el Ejecutivo autonómico dio el visto bueno a lo que decía Madrid, de ahí que ahora Aragón tampoco pueda quejarse ante el Gobierno central de esta circunstancia.

Volviendo a las cifras sobre el funcionariado, y según datos oficiales del Ministerio de la Presidencia, en Aragón hay actualmente 92.388 ciudadanos que trabajan para las diferentes administraciones en las tres provincias aragonesas. La mitad son de la DGA, que justo es la administración en Aragón que mejor paga a su personal, sean funcionarios, personal laboral o cargos de confianza. Hay además casi 24.000 aragoneses que trabajan para la Administración General del Estado. En su mayor parte forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas. De hecho, estos dos colectivos representan a más de la mitad de los funcionarios del Estado en Aragón.

Las empresas públicas

A estos datos se debería que sumar el personal que está a nómina de las empresas públicas. Ni son funcionarios ni personal estatutario, pero cobran también de todo lo que se recauda vía impuestos. Aunque no hay una cifra exacta, fuentes de la Corporación de Empresas Públicas de Aragón han señalado que, de media, las empresas de la DGA tienen contratadas a 1.500 personas al año. Como dato, una sola sociedad controlada por el Ejecutivo aragonés, como es Sodemasa, dedica al gasto de personal más de 23 millones de euros al año, según el último informe oficial publicado. El problema de estas contrataciones es que, aunque se pagan con dinero público, son opacas y en muchos casos no se rigen por criterios objetivos, como sí ocurre habitualmente en el resto de la administración pública.

Y si el Estado y la DGA tienen en nómina a más de 71.000 aragoneses, la administración local también tiene un peso considerable en la Comunidad. Si hablamos de sus presupuestos, solo el Ayuntamiento de Zaragoza gestiona 767 millones de euros, a la altura de otras grandes capitales de España, aunque con niveles de deuda superior a la media (aunque sigue muy lejos de la deuda que ha generado en Madrid el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, Juan Alberto Belloch ha conseguido ya que Zaragoza supere en endeudamiento a Barcelona).

En cuanto a Teruel y Huesca, tiene más presupuesto municipal la capital turolense que la oscense. Hay que decir también que el consistorio turolense está mucho más endeudado que el de Huesca. Respecto al resto de municipios aragoneses, la situación es totalmente dispar.

Y quedan las diputaciones provinciales y comarcas, instituciones con varias competencias que chocan. Las primeras son considerablemente más austeras, aunque las segundas se han distinguido también por incorporar nuevos servicios a los ciudadanos.

El peso del empleo público

Toda esta red de instituciones tiene una consecuencia económica. Aragón es de las Comunidades con un porcentaje de su población activa más alto dependiente salarialmente de las instituciones públicas. Si actualmente hay trabajando en la Comunidad 556.000 personas, más del 16 por ciento lo están haciendo en la función pública. A esta cifra hay que añadir los dependientes de las empresas públicas y diferentes entidades y asociaciones financiadas en su práctica totalidad con fondos públicos. Hay algunas estadísticas que sitúan ya esa cifra en el 20 % del total de los trabajadores de la Comunidad.

Igual que en gasto per cápita que suponen las administraciones, Aragón también está por encima de la media en cuanto al número de funcionarios públicos. Así, la media de España se sitúa en el 14 por ciento. Por encima de Aragón están Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura. El resto tienen un porcentaje menor de su población dependiendo salarialmente de sus administraciones públicas.