Las 103 empresas públicas en Aragón se reducirán hasta 35

El Gobierno de Aragón ha aprobado el plan de reestructuración del sector público empresarial aragonés con el objetivo de ganar en eficacia y unificar servicios, lo que supondrá que las 103 empresas participadas directa o indirectamente por el Ejecutivo pasarán a ser, en un año, 35.

El consejero de Hacienda, Mario Garcés, ha presentado este martes este plan y el decreto-ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Sector Público Empresarial, aprobados por el Consejo de Gobierno, para conseguir crear un modelo empresarial público "centrado en una prestación adecuada de servicios de interés general con un funcionamiento más eficaz" y obtener un mapa empresarial público "más responsable y consecuente" con el escenario actual.

Sin embargo, Garcés no ha especificado el ahorro que supondrá esta profunda remodelación ni si tendrá costes de personal, porque determinar las nuevas condiciones de cada empresa y el alcance exacto de las fusiones, ventas o liquidaciones corresponderá a sus respectivos consejos de administración.

El proceso de reestructuración, según ha explicado Garcés, supone la "liquidación ordenada" de doce empresas que carecen de actividad (Plaza Servicios Aéreos, Inverzona 6 y 2, Teruel Aviación, Gestión de Energías Renovables de Aragón, Teruel Avanza, Logisara, Conservas del Arba, Sociedad para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón, Promoción Exterior de Zaragoza y Mondo Plaza).

Aeropuerto de Zaragoza

En el caso concreto de Promoción Aeropuerto de Zaragoza (PAZ), el Gobierno de Aragón mantendrá las aportaciones de capital a la sociedad -tres millones de euros anuales como una solución "provisional"- en tanto en cuanto el ayuntamiento de la capital tome una decisión al respecto de su propia participación en la sociedad.

Pero a partir de 2012 se buscará una nueva fórmula de gestión para esta instalación, que podría ser, según Garcés, por concesión de servicios.

Fusión de sociedades

Se prevé, además, la fusión de varias sociedades, entre ellas Sirasa con Sodemasa, Aragonesa de Servicios Telemáticos con Infraestructuras y Telecomunicaciones de Aragón, Gestora Turística de San Juan de la Peña y Aeronáutica de los Pirineos con Turismo de Aragón y Promoción y Desarrollo de Teruel con la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón.

También se ha aprobado la venta de participaciones y otros mecanismos de desinversión en 45 sociedades, de energías renovables, de transformación agroalimentaria o de turismo, pero también en Ecociudad Valdespartera Zaragoza, Estación Central de Autobuses de Zaragoza y Zaragoza Alta Velocidad (ZAV).

Deuda de 485 millones

A pesar de las deudas que acumula, de 485 millones de euros, Garcés se ha mostrado convencido de que ZAV tiene un "potencial muy importante en términos de inmuebles" y supone una "excelente inversión a largo plazo" que abrirá muchas posibilidades a los potenciales compradores cuando el mercado se recupere.

El Gobierno de Aragón, ha agregado, pondrá "todo de su parte" para hacer posible la venta de su participación en estas sociedades, aunque ha reconocido que el mercado puede ser "complicado".

Tras la reversión al Departamento de Educación y Cultura de otras cuatro empresas, entre ellas Inmuebles Gran Teatro Fleta, la comunidad mantiene su participación en 35 sociedades, entre ellas, además de las fusionadas, Suelo y Vivienda de Aragón, las plataformas logísticas de Zaragoza, Huesca y Teruel, Expo Zaragoza Empresarial, Nieve de Aragón, Prames, Avalia, Savia, Aramon, Walqa, Ciudad del Motor o Dinópolis.

En el plan se especifica que la Corporación de Empresas Públicas ejercerá una vigilancia "permanente y constante" para aprovechar las sinergias de las empresas públicas que permanecen, agrupadas en cuatro grandes sectores: las de servicios de interés general, las de sectores estratégicos, las de promoción económica y las de vertebración territorial.

También ha detallado el decreto de medidas para la racionalización del sector para subsanar los "graves desequilibrios contables, económicos y financieros" detectados en la auditoría realizada por el Gobierno.

En él se especifica que las sociedades con pérdidas o con excesivo endeudamiento deberán presentar un informe de gestión y, en seis meses, un plan económico de saneamiento a tres años, y si estas medidas se incumplen, el Gobierno podrá cesar a los directivos, paralizar los créditos y las inversiones o establecer controles preventivos.

Se exigirá un plan de pagos a proveedores y cualquier contrato de más de doce millones de euros o cualquier carta de compromiso de estas empresas deberá estar autorizada por el Consejo de Gobierno.

Además, en cuanto a los directivos, estarán sujetos a evaluación con criterios de eficacia y eficiencia; sus retribuciones tendrán una parte variable en función del cumplimiento de objetivos y no se aceptarán cláusulas de indemnización por rescisión de contratos.