Ni por qué se decidió inyectar 2,2 millones de euros para tapar la quiebra del fabricante de avionetas Composite Aeronautic Group (CAG) instalado en Villanueva de Gállego; ni por qué se hicieron chatarra los prototipos, los utillajes y las piezas pese a que había ofertas por 1,8 millones; ni qué se va a hacer ahora que Tecnam, la firma que ocupó las instalaciones de CAG, cierra tras haber recibido un aval de 6 millones de euros... Ni una explicación.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, eludió ayer pronunciarse sobre este asunto, pese a que de él depende la Corporación Empresarial Pública de Aragón en la que se incluye la sociedad Savia, responsable de estas inversiones y que integran -además de la DGA (41%)- Ibercaja, CAI, Multicaja, Cajalón y Caja Rural de Teruel.

En una rueda de prensa, tras la firma de un convenio para impulsar acciones ligadas al empleo y la formación en el ámbito audiovisual, el consejero evitó dar cualquier detalle y hacer valoraciones sobre este caso. Las razones a las que aludió, según dijo, es que se trata de "un tema bastante complicado y amplio". Por eso, se escudó en que está recabando información de la Corporación Empresarial y de los socios de Savia para "una probable" intervención en las Cortes. "Y en ese momento daremos toda la información", aseguró.

Ese momento será el próximo jueves, en el pleno de las Cortes. Aunque antes de escuchar las explicaciones del consejero, habrá que votar una retahíla de leyes que postergarán a la tarde -siempre con menor trascendencia- la comparecencia. En principio, el PP ha solicitado la intervención del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, pero todo apunta -como es ya tradición- a que delegará en Larraz.

El Tribunal de Cuentas

También le tocará dar explicaciones al consejero de Economía, en nombre de Iglesias, sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por unas posibles "infracciones penales" y un delito contable. En el primer caso, tendrá que informar de los 26 contratos de los ejercicios 2004 y 2005 en los que se advierten irregularidades y que suman 479 millones de euros. Entre otras cuestiones, la Fiscalía apunta a "deficiencias" en la tramitación de contratos como algunos del millonario plan de depuración de aguas, el Museo Pablo Serrano, la residencia y centro de día de Las Fuentes, el transporte sanitario no urgente....

Esta y la de Savia serán las dos únicas comparecencias de un pleno (el último del año) en el que se debatirá la modificación de la ley de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el proyecto de ley de las cajas de ahorros de Aragón, el proyecto de ley de juego y dos proposiciones de ley del PAR sobre la elección de los consejeros comarcales y la sustitución de las diputaciones provinciales por corporaciones.