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INVERSIONES DE CAPITAL

Larraz achaca toda la responsabilidad de los fallos de Savia a la gestora Möbius

En respuesta escrita a varias preguntas del PP, el consejero vuelve a librar de toda culpa a la DGA sobre las fallidas inversiones. "La empresa actuaba con total independencia", dice.

Larraz visitó este otoño las antiguas instalaciones de CAG, proyecto que sufrió todo tipo de avatares
Larraz achaca toda la responsabilidad de los fallos de Savia a la gestora Möbius
DGA

La gestora Möbius, encargada de la polémica Savia Capital Atracción, cuyas inversiones de capital riesgo están fallando en cadena, actuaba "con total independencia", ya que tenía una "encomienda total de gestión". Así lo asegura el consejero aragonés de Economía, Alberto Larraz, en una respuesta escrita a varias preguntas parlamentarias formuladas por el grupo del PP en las Cortes. En ella, el socialista -que es a su vez presidente de la matriz Savia Capital Inversión- libra de toda culpa al Ejecutivo autonómico y achaca a la gestora, con la que se ha rescindido ya el contrato, toda la responsabilidad.

Larraz se escuda en que "ni la DGA ni ninguna empresa pública mantiene relación con Möbius". Según destaca en su contestación, ésta firmó un contrato con Savia Capital Atracción, que está "participada en un 41,75% de capital público", tal y como se encarga de subrayar. Además, justifica la falta de control público en "la encomienda total de gestión" firmada con la empresa madrileña. "Solo a ella le correspondía proponer proyectos", afirma para insistir: "Ningún miembro del Consejo de Administración tenía o tienen poderes de administración, que quedaban en manos de la gestora".

Por eso, sobre la responsabilidad exigible a la gestora por las pérdidas de dinero público -que se elevan a más de 4 millones de euros- y presuntas irregularidades, el titular de Economía remite "en primera instancia" a la "sociedad privada" -esto es, Savia Capital Atracción-. "A ella le corresponde evaluarlas posibles responsabilidades", reitera. No obstante, Larraz asegura que el servicio jurídico de la Corporación Pública Empresarial "está atento a todos los procedimientos iniciados con el ánimo claro de defender los intereses de la Comunidad Autónoma".

Como publicó este periódico, además de las fallidas inversiones de Athenia (38%) y Vitro Teruel (49%, ampliado luego hasta el 66%), en proceso de acreedores y con procesos judiciales pendientes que han llevado a responsables de Möbius a declarar como imputados, otros proyectos seleccionados por la gestora en 2004 han sufrido todo tipo de vicisitudes. Es el caso de Composite Aeronautic Group (CAG), cuyo desarrollo fue un continuo sobresalto hasta su venta el pasado verano a los italianos de Tecnam. Otro de sus proyectos, Poliamidas del Somontano, en Barbastro, está a punto de cerrar y su media docena de trabajadores han acudido a los tribunales.

En la batería de preguntas firmadas por el portavoz de los populares, Eloy Suárez, Larraz tampoco arroja mucha luz sobre lo sucedido en particular en cada uno de estos proyectos. Se parapeta en que la participación pública en ellas es minoritaria, por lo que se trata de "empresas públicas, sujetas a acuerdos de confidencialidad". Con ese argumento no ofrece datos ni sobre las plantillas de trabajadores, ni sobre la enajenación del patrimonio de las firmas, ni sobre la política de inversión… etc. A cambio, se ofrece a trasladar la petición de información a cada una de ellas. Esta excusa le sirve tanto para el caso de Vitro Teruel, como para el de Poliamidas del Somontano.

Sí que entra algo más el consejero a la hora de explicar lo sucedido en la aeronáutica Composite Aeronautic Group, que fue vendida el verano pasado a la italiana Tecnam después de todo tipo de avatares. Reconoce que Savia Capital Atracción avaló en su día a CAG con 1,83 millones de euros, que "ya están cancelados" y que la matriz -Savia Capital Inversión- compró la nave de Villanueva de Gállego a la misma por 2,6 millones.

No aclara, sin embargo, por cuánto la alquila ahora a Tecnam, ni a cuánto asciende el contrato de cuentas en participación que firmó con los italianos para favorecer su implantación. Una vez más, vuelve a escudarse en la obligación de confidencialidad para no dar datos y alega que la transacción entre CAG y Tecnam es una operación entre dos empresas privadas "en la que la DGA no ha intervenido".

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