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AGUA

La tubería del trasvase será de ida y vuelta y no podrá desmontarse

Gobierno central y catalán firman el lunes el convenio para la obra, que se adjudicará, si no hay cambios, la próxima semana.

La prolongación del minitrasvase de Tarragona hasta Barcelona se hará con una conducción no desmontable, y además, de ida y vuelta. Esto es, el caudal de agua podrá circular por la nueva tubería en los dos sentidos para permitir su uso futuro, no solo a Barcelona, sino también al área de Tarragona en caso de necesidad. Así constará en el convenio de colaboración que firmarán este próximo lunes el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, tal y como informaba ayer "La Vanguardia".

Estos nuevos datos no hacen sino sembrar aún más dudas sobre la temporalidad de la obra y del trasvase. La tubería -que tendrá 62 kilómetros y unirá Tarragona hasta Olèrdola, donde conectará con el sistema de abastecimiento de Barcelona- costará 180 millones (una inversión nada despreciable para una obra que se usará, según se dice, apenas nueve meses y que en principio asumirá el Estado). Será fija en su totalidad, esto es, no tendrá ningún tramo que pueda retirarse, en contra de lo que habían demandado ERC e ICV (que conforman el tripartito catalán junto a los socialistas), para evitar su uso más allá de la situación de emergencia esgrimida para justificar la obra.

Además, su carácter de ida y vuelta permitirá que el agua circule también en dirección a Tarragona. Este nuevo escenario se habría pactado para contentar a esta provincia. El objetivo será resolver posibles cortes de suministro en el sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona a causa de lodos tóxicos de Flix o cualquier otra posible contaminación en el Ebro. Otra cuestión que arroja aún más sombras es que el acuerdo -siempre según las mismas informaciones- incluirá ya la previsión de que para una nueva puesta en funcionamiento de la tubería será necesario otro decreto-ley. El convalidado esta semana en el Congreso tiene fecha de caducidad, pero nada impide al Gobierno, tal y como se prevé ya en el mismo convenio, volver a aprobar otro.

Eso sí, el documento que rubricarán ambas Administraciones ofrecerá garantías de que no se extraerá del río "ni una gota más del Ebro". Al parecer, en el texto quedará claro que el caudal que se llevará hasta la Ciudad Condal (entre 30 y 50 hectómetros cúbicos) se compensará gracias al ahorro que se producirá en los regadíos agrícolas río arriba.

Mercadeo del agua

Asimismo, el convenio no hará referencia a la pretendida por la Generalitat compra de derechos de uso del agua. No obstante, esa posibilidad -a la que se han opuesto los regantes, además de la DGA- sigue contemplada en el decreto- ley, ya que el PSOE aragonés no pudo eliminarla vía enmiendas al no tramitarse el texto como proyecto de ley. Tras las últimas declaraciones del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, todo parece apuntar a que el Ejecutivo tratará de salvar la cara recurriendo ante el Constitucional ese artículo. Pero todo dependerá de los informes jurídicos.

Aunque está previsto que una comisión mixta Estado-Generalitat adjudique la obra la próxima semana, el convenio no fijará la fecha de inicio de los trabajos. El Ejecutivo apostaría para su realización por un grupo de cinco o seis empresas, en el que estaría Aguas de Barcelona, pero esta entidad estaría pidiendo también protagonismo. En un principio, la conducción será de titularidad estatal, pero podría pasar posteriormente al Ejecutivo catalán.

El convenio, como ya anunciara el miércoles la vicepresidenta, dejará la puerta abierta a que se puedan adoptar este mismo tipo de soluciones de urgencia en otras zonas. Una cuestión que ya criticó ayer CHA. Para su secretario general, Juan Martín, las declaraciones de De la Vega "son un portazo, con candado de siete llaves a la nueva cultura del agua". "Son la prueba palpable -dijo - de que Barcelona es solo el primer escalón de toda una política de trasvases" que va a plantear el Gobierno.

Llevar agua a otros territorios cuando estos lo necesiten, "tal y como preveía el Plan Hidrológico Nacional de 2001" es, en cambio, lo que pedirá la Comunidad de Madrid al Ejecutivo central. Así lo aprobó el miércoles a última hora la Asamblea de Madrid, en una proposición no de ley que solo apoyaron los populares.

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