La tragedia de Biescas cumple 15 años sin reparar a todas las víctimas

Quince años después de la riada de Biescas -el aniversario se cumple el próximo domingo-, el Estado todavía no ha compensado por el daño sufrido a una parte de las familias, que siguen sin cobrar el total de la indemnización. A pesar de que los tribunales reconocieron que la tragedia era «previsible y evitable» y responsabilizaron patrimonialmente al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno de Aragón, el primero se niega a pagar su parte a aquellos afectados que presentaron sus reclamaciones después de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2005. Este fallo determinó una indemnización de 180.000 euros por cada una de las 87 víctimas, pero solo benefició a los herederos de 62, los personados en el proceso.

Al menos 14 familias, residentes en Cataluña, Navarra, Valencia y Aragón, que aquel 7 de agosto de 1996 perdieron a sus hijos, a sus cónyuges o a sus padres, continúan pleiteando para que el ministerio pague su 50% -la DGA sí abonó las indemnización a través de acuerdos particulares-. Siete son defendidas por el letrado oscense Ricardo Orús y otras tantas por la abogada pamplonesa Elena Melero. Ambos coinciden en calificar de «vergüenza» y «despropósito» que después de tanto tiempo el proceso siga abierto.

«Todos han sufrido lo mismo»

«Si como dice la sentencia de 2005 se vulneraron los derechos de los campistas, se vulneraron los de todos, y eso exige una indemnización. No se puede decir que unos tienen derecho a cobrar y otros no, porque todos han sufrido lo mismo», comenta Elena Melero, que sigue sin entender cómo en la vía penal se calificó la riada de «imprevisible e inevitable» y en la civil se mantuvo todo lo contrario.

La Audiencia Nacional fue la instancia que hace seis años, y casi contra pronóstico, fijó las indemnizaciones. Sin embargo, ahora acaba de dar un revés judicial a los que llegaron más tarde al proceso, avalando la negativa del ministerio a pagar porque, sostiene, la reclamación se presentó fuera de plazo. Su última sentencia es de hace un mes, pero anteriormente ya rechazó otros recursos en el mismo sentido.

Sobre la posible prescripción del derecho a reclamar, Elena Melero recuerda que cuando se cerró la causa penal, muchos creyeron acabado el proceso. «A nadie se le puede obligar a estar presente en una instrucción más allá de sus posibilidades y de sus fuerzas». Y se pregunta, «¿cuándo prescribió la causa? En el momento en el que la Audiencia de Huesca dijo que era un suceso imprevisible o cuando la Audiencia Nacional dijo que era previsible y evitable». En su opinión, es «una vergüenza y un dislate jurídico» que la justicia española haya dado diferentes respuestas en distintos procedimientos cuando la prueba clave, el informe de un técnico de la DGA que advertía del riesgo, se conoció desde el principio.

Pese a los últimos reveses, los abogados no se rinden y anuncian un recurso de amparo al Constitucional, eso sí con pocas esperanzas de que prospere. La letrada navarra tiene claro que el caso acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, ella ya acudió a Estrasburgo anteriormente con cinco afectados, pero en 2006 vio rechazada la demanda porque las indemnizaciones acordadas por la Audiencia Nacional demostraban que había habido una reparación del daño y el reconocimiento de la responsabilidad de la Administración española. Pasados 15 años, el proceso sigue vivo porque para algunas víctimas el agravio persiste.