Despliega el menú
Aragón
Suscríbete

ASISTENCIA

La revisión de 7.200 expedientes retrasa nuevas valoraciones de Dependencia

Aragón ocupa el cuarto lugar en el ranquin nacional de resolución de solicitudes, con más de 49.000 casos atendidos. Más del 60% de las prestaciones se conceden por cuidados familiares.

Dora S., de 84 años, fue valorada en enero de 2009 con una dependencia severa, lo que en términos administrativos se clasifica dentro del Grado II Nivel II. Un año después, su salud se vio seriamente deteriorada, ya no podía valerse por sí misma, por lo que solicitó una revisión de su nivel de dependencia, hasta el Grado III Nivel I. Como ella, un total de 7.253 personas dependientes han pedido desde 2007, una modificación de su expediente.

Estas nuevas revisiones de dependientes ya estudiados suponen un «retraso» en la apertura de nuevos casos de valoración, aunque todos los agentes sociales insisten en que Aragón sigue siendo un referente en materia de aplicación de la ley de Dependencia y ocupa el cuarto lugar en el nivel de atención, en el global de las comunidades autónomas.

«Si no hubiéramos tenido una demanda tan importante en el nivel de revisiones, a fecha de hoy las valoraciones pendientes serían muy inferiores, y el tiempo de espera entre que se solicita la valoración y se hacen los dictámenes sería menor de los ocho meses de media que se tarda actualmente», matiza Luis Miguel Bo, director general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón.

Según datos facilitados por el Departamento de Servicios Sociales, a fecha de 1 de febrero de 2011, en Aragón se habían presentado 49.800 solicitudes de dependencia. De todas ellas, 30.589 tienen derecho a prestación y 26.259 ya están recibiendo un servicio, lo que supone el 86% del total. Además, 4.709 valoraciones han resultado negativas, lo que significa que la persona que las solicitó no puede incluirse dentro de ningún grado de dependencia.

Desde la entrada en vigor de la ley hace tres años se ha detectado una demanda muy superior a la inicialmente prevista. Para hacer frente a la situación se incrementó el número de valoradores, 25 en Zaragoza, 8 en Huesca y 6 en Teruel, pero no es suficiente.

«Las revisiones provocan un desbordamiento. Pero es normal que los casos se revisen, porque hay que comprobar continuamente si los diagnósticos son ponderados y si dan respuesta o no a los servicios sociales», apunta Enrique Solano, presidente del Cermi.

Trámites al día

En este sentido, algunas entidades sociales se quejan de la lentitud de los trámites administrativos y de que las prestaciones económicas en domicilio no son revisadas. Otra de las protestas tiene que ver con la atención directa. «La formación o la experiencia de los profesionales de atención directa son cuestionables, teniendo en cuenta la facilidad con la que se pasa de ser jardinero, o de cualquier otra profesión, a gerocultor, simplemente, por ser un funcionario que hay que colocar. Y esto se permite», apunta Emilia Bergasa, directora de la residencia Santa Teresa de Cáritas.

Otro de los déficit guarda relación con el escaso desarrollo de la prestación de servicios. «Más del 60% de los beneficiarios reciben una ayuda económica, cuando en los objetivos de la ley de Dependencia se insistía en que la prestación de servicios primaria sobre las ayudas económicas, que tendrían un carácter de excepcionalidad, y aquí no se está cumpliendo. De hecho, la atención domiciliaria está dentro del catálogo de prestaciones básicas, pero todavía no está desarrollada como tal en Aragón», indica Marta Arjol, secretaria de Política Social de CC. OO. Aragón.

Etiquetas