La reforma de los estatutos del PAR abre heridas en el partido a un mes del congreso

El presidente del PAR, José Ángel Biel, anunció por sorpresa la convocatoria de un congreso extraordinario con el objetivo de convertirlo en el cónclave de la unidad y de refozar el partido a dos meses de las elecciones. Pero su propuesta para reformar los estatutos de la formación aragonesista, lejos de aglutinar voluntades, ha abierto heridas en un partido que acumula tensiones internas desde hace meses.

Son muchos los puntos de fricción que podrían acabar en una confrontación en las filas aragonesistas. Para empezar, con el propio secretario general del PAR, Alfredo Boné, (desconocía el alcance de la reforma) aunque la proximidad de las elecciones podría postergar cualquier intento de rebelión. Biel ha planteado una propuesta que rompe con la bicefalia de partido, formada por él y el propio Boné, con la creación de una vicepresidencia. Quien la ocupe se convertirá en el número dos (ahora es Boné) y fuentes del PAR advierten de que será una persona afín al presidente. No se descarta, según otras fuentes, que tras una negociación con el actual secretario general, el propio Boné pudiera ser vicepresidente. No obstante, la secretaría general perdería poder y quedaría como un órgano coordinador y ejecutor. Además, estaría también condicionada por otras seis secretarías ejecutivas, que ya existen aunque nunca se han ocupado. Los nuevos estatutos obligan a llevar al congreso una propuesta nominativa.

No es el único punto de conflicto que ha generado el borrador. La configuración de la nueva ejecutiva se ha interpretado, según algunas fuentes, «como una afrenta al territorio». No en vano, se suprimen los cargos natos de los presidentes intercomarcales, del comité local de Zaragoza, del presidente del comité nacional y del Rolde Choben. Los 31 miembros (ahora hay 19) se designarán directamente en el congreso. «Hay mucha preocupación en el territorio por el centralismo que se quiere imponer en el partido», señalan fuentes aragonesistas.

La ejecutiva, además, será -según la propuesta de Biel- el órgano que decida sobre las coaliciones de gobierno y no el comité nacional (ahora se llamará consejo territorial) como en los actuales estatutos. Y la idea de condicionar esos futuros pactos a un resultado electoral que no sea inferior a ocho diputados es otro de los puntos polémicos. Con este planteamiento, el presidente quiere acabar con una posible imagen de «gobierno a cualquier precio» del PAR. Sin embargo, en las filas aragonesistas no han sentado bien estas limitaciones.

Sorpresa entre los aragonesistas

También han generado reticencias las restricciones propuestas a los comités intercomarcales y locales (controlados por el secretario general). A los primeros se les suprime la posibilidad de crear una estructura orgánica propia y los segundos ya no podrán disponer de la información relativa a militantes y simpatizantes de su municipio en cuanto a listados y actas de reuniones de comités.

«Esto ha generado mucha sorpresa entre los militantes. Nadie esperaba una reforma de este calado», critican fuentes aragonesitas, que auguran mucho debate en las asambleas de compromisarios que se iniciarán en breve. En estos foros, los delegados plantearán sus enmiendas a la reforma de los estatutos. Tienen de plazo hasta el día 4 de marzo, justo una semana antes de celebrarse el congreso. Habrá que ver hasta donde llega y qué capacidad de cambio logran.

«Estructura más operativa»

Fuentes próximas a la presidencia del PAR argumentaron que la reforma pretende lograr una estructura del partido «más operativa y más reforzada». No obstante, el presidente quiere centrar el debate, no tanto en el nuevo modelo de partido, sino en la base programática y política. De hecho, el PAR se rebautiza como «partido aragonesista y liberal de centro» y establece en su ponencia política las condiciones mínimas para alcanzar un pacto de gobierno en la DGA tras el 22 de mayo.

Entre otros requisitos, destacan el recorte de cuatro consejerías y un tercio de los asesores y liberados sindicales, la creación de un instituto aragonés de finanzas y la incorporación del sector privado en la Corporación de empresas públicas. También plantean iniciativas para reducir la dimensión de la función pública como congelar la oferta de empleo en la administración autonómica, amortizar vacantes por jubilación y externalizar servicios. Además, prioriza en los presupuestos las políticas de apoyo a las empresas como «generadoras de empleo».