La red Gürtel intentó que se le adjudicase el ecovertedero y una planta energética en Huesca

La red Gürtel, en la que están involucrados numerosos cargos del PP nacional, también fijó Aragón entre sus objetivos. En concreto, intentó influir ante el Ayuntamiento de Zaragoza para orientar la adjudicación del ecovertedero en 2002, según se desprende de un informe policial que forma parte del sumario del caso Gürtel que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, la trama hizo gestiones para propiciar que la DGA diese los permisos necesarios a una empresa afín a la red para montar una planta energética en el Bajo Cinca. En el informe policial no consta que la red que encabezaba Francisco Correa lograra que fructificasen estas gestiones que supuestamente hicieron ante las dos administraciones.

En cuanto a su interés por la adjudicación del ecovertedero, situado en el parque tecnológico del reciclado, "la gestión consiste en que el Ayuntamiento recomiende a las empresas que se presenten con la tecnología de Ros Roca", una compañía especializada en equipos de limpieza y plantas de tratamiento. Este contrato se remonta al año 2002, cuando el alcalde de Zaragoza era el popular José Atarés.

El concurso se adjudicó por 40,45 millones en febrero a la unión temporal de empresas formada por Tecmed y Vertresa, del grupo ACS, actualmente Urbaser. Tal como detalla la documentación incautada, la trama trató de que se recomendase a las licitadoras (se presentaron cinco ofertas) que utilizase la tecnología de Ros Roca. También concurrió una empresa que se ha visto salpicada por la trama (Sufi), pero finalmente no logró el contrato.

El informe policial dice que "se pone claramente de manifiesto cómo el Grupo Ros Roca utiliza a la organización para que esta ejerza influencia sobre las distintas Administraciones para que resultase favorecida en el negocio que tuviese interés", entre los que se cita el concurso del ecoparque de Zaragoza. En este sentido, figura una nota que establece la estrategia a seguir: "(gestión L.B. Jefe Gabinete Alcaldía)".

Las siglas de Luis Barcenas

Las siglas L.B. hacen referencia, al parecer, al ex tesorero del PP Luis Barcenas, imputado por el caso Gürtel, que tendría "una conversación pendiente" con responsables del Ayuntamiento de Zaragoza. A diferencia de lo que ocurre con otras administraciones, en el informe no figura que esa gestión finalmente se produjera. Es más, en una reunión del Grupo Ros Roca del 22 de febrero de 2002, después de la adjudicación, la compañía decide que habría que acudir a Tecmed para ofertarle su tecnología.

Estas maniobras han sido las que han impulsado al juez Antonio Pedreira solicitar información sobre contratos del Ayuntamiento de Zaragoza con Ros Roca así como de otras 17 empresas vinculadas a la trama. Fuentes municipales explicaron que el informe que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún no ha sido terminado, aunque adelantaron que de momento solo se han encontrado los dos contratos por unos 52.000 euros a Special Events por el pabellón de Zaragoza en la feria Fitur del año 2007. En aquella época gobernaba el PSOE. Indicaron que de toda la documentación analizada no se ha detectado ninguna relación económica con Ros Roca.

A la espera de que el Ayuntamiento remita su informe al juez Pedreira, el grupo municipal de CHA exigió al gobierno municipal toda la información para conocer si el Ayuntamiento de Zaragoza, o sus sociedades y patronatos, han contratado a más empresas relacionadas con la red liderada por Francisco Correa.

Gestiones ante la DGA

En cuanto a las gestiones ante el Gobierno de Aragón, también están vinculadas a Ros Roca y corresponden con el mismo periodo de tiempo. En este caso, lo que pretendían es que la DGA diese todos los permisos oportunos para que instalase una planta energética en el Bajo Cinca. Además, buscaban subvenciones. Para ello diseñaron una estrategia en la que aparece como objetivo a influir el entonces consejero de Industria, José Porta, independiente nombrado por el PAR.

Los informes detallan cómo la red se queja de la posición del consejero aragonés, quien -según consta en el informe- además de remitirse a la reglamentación y no favorecer a la empresa para la que hicieron la gestión, les advirtió que no conseguirían de ese departamento ninguna subvención. "Textualmente ha dicho a los enviados de Ros Roca que 'ni lo sueñes", detalla el informe.

El informe alude a un empresario gallego como responsable de hacer la gestión ante el consejero aragonés. Además, se hace referencia a un supuesto aval de un ex responsable de Red Eléctrica Española (REE), que habría garantizado que la empresa, si instalaba una planta de generación de energía en Huesca, podría venderla posteriormente a Red Eléctrica. De esta manera, se hacía imprescindible la cooperación de la DGA, de la que esperaban conseguir los permisos oportunos.

De hecho, según relata uno de los documentos, el problema que se encontró la red corrupta fue el Plan de Evacuación de Régimen Especial de Aragón 2000-2002. "El Gobierno de Aragón diseñó y puso en marcha el plan Perea, mediante el cual regulaba los enganches de estas empresas a las redes eléctricas para la venta del fluido". Según la policía, el objetivo que se buscaba era influir al entonces consejero para flexibilizar el plan y favorecer a una de las empresas de la red, lo que no se consiguió.

La policía ha solicitado al juez que llame como testigo a Porta, aunque el magistrado aún no lo ha considerado necesario al tener bastante documentación. Lo que sí ha hecho es pedir a REE que facilite la relación y expediente completo de autorizaciones concedidas al Grupo Ros Roca en Aragón.