La Policía cierra la investigación de La Muela acusando a Pinilla de otros cuatro deltos

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acaba de cerrar la investigación de la trama de corrupción urbanística de La Muela con un informe de 450 folios en el que refuerza las imputaciones contra la alcaldesa, María Victoria Pinilla, a la que ahora también acusa de adjudicar 40 viviendas de la sociedad urbanística municipal a familiares y amigos. De hecho, la Policía remata sus pesquisas imputando a la regidora cuatro nuevos delitos: uno por malversación de caudales públicos, otro por prevaricación y dos más por cohecho. Con estos nuevos cargos, sobre los que ahora tendrá que pronunciarse la Fiscalía, Pinilla tendría que responder de un total de 15 delitos.

El prolijo informe que la Policía ha pasado al juez, en el que también se refuerzan las imputaciones contra otros implicados, se basa en el análisis de toda la información intervenida en los registros llevados a cabo en marzo de 2009, cuando se practicaron las detenciones de la Operación Molinos. Entre el material investigado se incluye el volcado de numerosos discos duros de ordenadores del Ayuntamiento de La Muela y de la sede de Aranade, empresa que gestiona el urbanismo municipal.

Para estudiar semejante volumen de información, el Grupo de Blanqueo de Capitales ha invertido año y medio de trabajo. Pero esa labor le ha servido para destapar irregularidades hasta ahora desconocidas. Por ejemplo, la presunta adjudicación de 40 casas a gente del entorno de Pinilla. Se trataría de un grupo de 26 viviendas ubicadas en la calle de Lobaco, y otros 14 unifamiliares con terreno anejo situadas en la calle de Nuestra Señora La Sagrada. Promociones, ambas, de renta libre e impulsadas por la Sociedad Urbanística de La Muela en el complejo Residencial Nuestra Señora del Carmen.

Según los investigadores, parece que todas estas viviendas se concedieron "sin seguir los procedimientos que garantizan los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad". Y por ello, la Policía considera que a la alcaldesa se le debe imputar un nuevo delito de prevaricación.

Pero las presuntas irregularidades no acaban ahí. Del análisis de varios documentos intervenidos en la casa consistorial de La Muela se desprende que el equipo de Gobierno estuvo pagando servicios no prestados a la compañía adjudicataria del servicio de aguas (NTA). "Constatando, incluso, que dos de las facturas emitidas por NTA y pagadas por el Ayuntamiento no se ajustan a ningún servicio", precisan los agentes. Para ellos, estos hechos supondrían la imputación de un nuevo delito de malversación de caudales públicos a María Victoria Pinilla.

Para reforzar esta última imputación, la Policía se apoya también en una serie de facturas que ponen de manifiesto que la alcaldesa sufragó con dinero público "múltiples gastos de índole absolutamente particular". Entre estos se incluirían media docena de comidas privadas con familiares y amigos. Por ejemplo, la que tuvo lugar el 2 de noviembre de 2008 en un restaurante de Monreal del Campo, cuando la alcaldesa se desplazó con sus hijos, hermanos y sobrinos a Teruel para presenciar un partido de fútbol del C. D. La Muela. La cuenta ascendió a 260,70 euros, y aunque la Policía considera que "nada tiene que ver con el desempeño de la función pública", Pinilla la registró con cargo al presupuesto municipal.

Más cobros de Aranade

En cuanto a los dos nuevos delitos de cohecho que ahora se imputan a la alcaldesa, uno está relacionado con el pago de cantidades en efectivo al matrimonio Pinilla-Embarba por parte la mercantil Aranade, de la que es presidente Julián de Miguel, otro de los principales imputados en la Operación Molinos.

En el registro del dormitorio del matrimonio Embarba-Pinilla, la Policía encontró varios documentos, entre ellos un listado de pagos titulado: "Resumen de pagos hasta la fecha", con varias columnas en las que se recogen conceptos, fechas, e importes de las entregas de Aranade a la pareja.

Los policías encontraron en el despacho de Julián de Miguel ese mismo documento dentro de una carpeta que tenía el epígrafe: "Datos polígono M.V. confidencial". "El hallazgo de estos escritos pone de manifiesto el abono de comisiones por parte de De Miguel y su empresa Aranade a la familia Pinilla", dicen los funcionarios. Esos pagos comenzaron en septiembre de 1998 y llegan a finales de 2007, e incluyen el reparto de beneficios de la participación encubierta en la operación de compra de terrenos en el SR-1. Para los investigadores, estos documentos prueban la entrega de comisiones con el objeto de mantener "a toda costa" el ventajoso contrato de gestión suscrito por Aranade con la Sociedad Urbanística de La Muela.