El proyecto de la Generalitat catalana de remediar con agua del Segre las consecuencias de la sequía que padece con especial dureza el entorno metropolitano de Barcelona ha reavivado el siempre tenso y agrio debate sobre la política hidráulica y los trasvases en España. Esa consecuencia era más que previsible (será por ello que desde Cataluña se asegura que Moncloa conocía el plan antes de las elecciones pero que se hizo un pacto de silencio, aunque el Gobierno español lo niegue), ya que lo que se ha planteado es, por mucho que se pretenda enmascarar, una detracción de recursos hídricos de la cuenca del Ebro para llevarlos a otra, a la del Llobregat, integrante de las cuencas internas de Cataluña.

Aunque Rodríguez Zapatero, secundado sin fisuras por María Teresa Fernández de la Vega y Cristina Narbona, ha mantenido la coherencia y ha rechazado la transferencia del Segre porque "no es la solución", el contradictorio posicionamiento de los socialistas catalanes y sus socios de Iniciativa por Cataluña (integrados en IU) y ERC evidencian que la amenaza trasvasista, tan peligrosa para los intereses de Aragón, continúa viva.

El PSC, con Pasqual Maragall de presidente del Ejecutivo catalán, se puso al frente de la oposición al trasvase del Ebro planteado por el Partido Popular con el mismo convencimiento (al menos en apariencia) que exhibieron los socialistas aragoneses y Marcelino Iglesias. En aquella ocasión, el proyecto del Gobierno Aznar planteaba aumentar y prolongar el ministrasvase a Tarragona. Los 120 hectómetros cúbicos anuales que tiene de concesión se iban a convertir en 190, lo que permitiría llevar 70 hasta Abrera, en las proximidades de Barcelona.

Donde dije digo...

Ha bastado que la mala planificación en la política hídrica, conjugada con los avatares meteorológicos, pusiera en peligro el abastecimiento de la Ciudad Condal para que los mismos que se opusieron a ese plan proyectasen otro trasvase entre las mismas cuencas y con el mismo fin. Solo hay dos diferencias: en vez de utilizar el minitrasvase se pretendía coger agua de la cabecera del Segre (es decir, tomarla de una de las fuentes de la cuenca del Ebro en vez de su desembocadura) y en una cantidad menor, pero que supone prácticamente la mitad de lo que se planificó con el derogado PHN del PP.

La Generalitat también ha intentado excusar la operación asegurando que, frente a la medida continua que hubiera sido la propuesta de los populares, la captación del Segre sería excepcional, ya que no se volvería a llevar a cabo porque en 2009 entrarán en funcionamiento dos desaladoras que solucionarán el suministro de la capital catalana.

Por otra parte, incluso algún destacado científico catalán que en su día lideró la batalla técnico-argumental para frenar el macrotrasvase del Ebro del Partido Popular ha optado ahora por un significativo silencio oficial y hasta por la justificación, a micrófono cerrado, del proyecto del Segre-Llobregat porque "no se puede dejar sin agua a cinco millones de personas".

Un comentario por completo inesperado en boca de quien ha defendido en primera línea los postulados de la Nueva Cultura del Agua debido a su elocuente similitud con los que vierten quienes defienden llevar agua del Ebro hasta Valencia, Murcia y Almería para satisfacer necesidades de abastecimiento de millones de españoles, bien sean de riego, de boca o industriales.

Con esa base argumental, alimentada desde el nacionalismo catalanista con la falsa idea de que el Segre es un río catalán cuya gestión compete a la Generalitat -cuando es un curso fluvial de la cuenca del Ebro, que discurre por Cataluña y Aragón, y, por lo tanto, dependiente de la Confederación correspondiente y el Ministerio de Medio Ambiente-, no es de extrañar que desde las Comunidades valenciana y murciana, al igual que los principales responsables estatales del Partido Popular, se vuelva a cargar con la reclamación de su supuesto derecho al agua del Ebro.

Por citar únicamente una de las últimas muestras, el presidente de Valencia, Francisco Camps, abogaba el viernes por que el Congreso de los Diputados se reúna "lo antes posible" y recupere el Plan Hidrológico Nacional "tal y como quedó configurado" en el último mandato del PP y "se superen los problemas hídricos de Cataluña, Aragón y las cuencas mediterráneas".

Enfrentamientos territoriales

Sin embargo, y a pesar de ese intento de catalanizar la transferencia del Segre, lo que ha vuelto a demostrar el proyecto, al margen de su ineficacia e insostenibilidad, es que los trasvases entre cuencas no solucionan ninguno de los problemas que pretenden resolver y originan peligrosos enfrentamientos territoriales, ya que se sostienen bajo la premisa de desvestir a un santo para intentar vestir a otro.

Eso ha quedado meridianamente claro con la radical oposición al proyecto de amplios sectores sociales y políticos ilerdenses. Nada extraño cuando se contemplan las fotos de la sequía que también padece la subcuenca del Segre, como la que ilustra esta página.

Las erráticas declaraciones de José Blanco, que llegó a defender, al margen de toda norma y lógica, una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña para debatir el trasvase, han caído en el olvido por las posteriores y coherentes palabras de Zapatero. No obstante, se ha plasmado que la tentación trasvasista anida en numerosas opciones políticas. Solo una correcta planificación y gestión hídrica la difuminará.