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Aragón

LEY DE DEPENDENCIA

La plantilla que evalúa el grado de la dependencia se reduce a la mitad

Servicios Sociales todavía no ha decidido si habrá más contrataciones cuando quedan casi 2.500 solicitantes sin valorar.

La plantilla de personal que se encarga de valorar a los solicitantes de las prestaciones de la Ley de la Dependencia se reducirá aproximadamente a la mitad a finales de este mes. Cerca de 2.500 posibles beneficiarios de los casi 18.000 que han pedido las ayudas esperan en su domicilio o residencia la visita del técnico que determine el grado de dependencia, con el que se reconoce un derecho subjetivo que conlleva unas prestaciones. Por ahora, el Gobierno de Aragón no ha concedido ayudas e incumple los plazos de resolución de los expedientes que fijó en su propia orden de procedimiento.

En Zaragoza, de una plantilla de 33 evaluadores, casi la mitad han firmado ya el cese para el día 25 de abril, después de seis meses de contrato temporal. Sin embargo, fuentes próximas apuntan que todavía hay pendiente mucho trabajo puesto que en los últimos días estaban visitando a los solicitantes de la capital que habían presentado su instancia en enero. Según apuntan fuentes sindicales, el proceso va más rápido en Teruel pero se ha producido un mayor atasco en Huesca y Zaragoza.

Los técnicos evalúan ahora a personas que presentaron la instancia hace casi tres meses, que es el plazo máximo estipulado por la orden de procedimiento de 15 de mayo de 2007 (publicada en el BOA el 28 de mayo) para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones, que se modificó parcialmente en la orden de 5 de octubre (publicada el 22 del mismo mes). En dicho periodo de tiempo, tienen que recibir incluso la resolución con el grado de dependencia.

El departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón aseguró ayer que se "está trabajando" en el asunto. Sin embargo, no se especificó en qué sentido. Si se contrataría a más personal, o qué tipo de acciones se iban a llevar a cabo.

La consejera Ana Fernández reconoció la semana pasada que no se habían empezado a dar las prestaciones, excepto las 100 que se comenzaron a pagar con carácter retroactivo los últimos días de 2007, pero que había 5.000 expedientes en alguna u otra fase de resolución. Según fuentes que participan en el proceso, efectivamente hay casi 5.000 resoluciones enviadas a los solicitantes. La consejera apuntó en la entrevista concedida a este diario que habían recibido 17.935 instancias y 15.485 ya estaban valorados, un 85%. Quedan ahora casi 2.500. Cada día un evaluador puede ver a 3 solicitantes y hacer los informes.

No obstante, según fuentes sindicales entre el personal al que no renuevan el contrato se encuentran también empleados de administración que tramitan estas resoluciones. Y aunque el 86% están valorados solo hay 5.000 expedientes tramitados.

El equipo de evaluadores que aplica a cada solicitante el baremo de la Ley de la Dependencia se compone casi a partes iguales por una plantilla consolidada y por personal eventual. Según fuentes de Comisiones Obreras, se formó un grupo en el verano con personal para cada una de las tres provincias. Después, en vista de la gran cantidad de solicitudes recibidas, se contrató personal de una bolsa de empleo creada en abril del pasado año entre el que hay titulados del ámbito de la salud y los servicios sociales como fisioterapeutas, enfermeros o trabajadores sociales.

En principio recibieron una formación y les hicieron un contrato de tres meses. A su término, les renovaron por el mismo tiempo. Sin embargo, el día 25 de abril finaliza este segundo y los trabajadores ya han firmado el cese. Aunque los sindicatos desconocen el número preciso, en Zaragoza son unos 15 trabajadores en esta situación, de los 33 que forman el equipo actual.

El responsable de Sanidad de Comisiones Obreras, Juan Urdániz, apunta que esta situación le recuerda a una contratación que hizo el Consorcio de Alta Resolución de Ejea de los Caballeros. Según explica, cuando se agotan los seis meses de contrato la administración tendría que convertirlo en personal laboral indefinido. Por este motivo, no pueden renovarles. Los trabajadores solo saben que van a cesar y que hay trabajo, pero desconocen si después llamarán a los siguientes de la lista.

"La dificultad de esta ley es que se hizo sin financiación. Supongo que en esta situación no se pueden sacar plazas a oposición", explica Urdániz. "El problema que tiene la Administración con estos contratos es que la obligan a contratar a gente nueva, y para hacer las valoraciones necesitan una formación".

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