Los presupuestos de la Comunidad para 2011, que caen un 7,4%, superarán el primer paso solo con el respaldo de los dos partidos que sustentan el Gobierno de Aragón, PSOE y PAR. Los tres grupos de la oposición pedirán la devolución a la DGA del documento en el debate a la totalidad del próximo día 25. Así lo anunciaron ayer durante la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, en las Cortes, para explicar las cuentas.

El diputado del PP Manuel Guedea criticó que la inversión quede reducida "a la mínima expresión". Las inversiones reales disminuyen un 32% respecto a 2010 y las transferencias a otras administraciones para inversión, un 16,9%. Guedea también cuestionó que en los presupuestos no se hable "para nada" de fusionar o suprimir empresas o entidades públicas.

El diputado de CHA Chesús Yuste tildó las cuentas de "economía de guerra" y "tierra quemada". "Más que inquietud, hay alarma y preocupación por la gravedad de la situación económica de Aragón", advirtió Yuste, que consideró "un error grave la receta" porque recorta servicios sociales y sacrifica inversiones. "No va a servir para salir de la crisis", zanjó el diputado nacionalista, que advirtió al consejero que las cifras "no acompañan" su discurso.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, denunció que son los presupuestos de "la derrota". "No son sociales, no sirven para resolver la crisis y son para que paguen la crisis los mismos". Por eso, avisó de que "no van a contar con la complicidad de IU".

Los partidos que sustentan la DGA, por su parte, defendieron las tesis de Larraz. Ana de Salas (PAR) admitió que son unos presupuestos "complicados" y que "reflejan las prioridades del ejecutivo". Antonio Piazuelo (PSOE) insistió en que son "extraordinarios" por la situación económica "extraordinaria" y retó a la oposición a presentar enmiendas que condicionen un 10%-15% las cuentas. "Entonces las retiramos", dijo.

Por su parte, Larraz -tras extenderse en datos y expectativas económicas- aseguró que un presupuesto "austero obliga a la administración a ser más eficiente y mejor" y puso el énfasis en los dos objetivos que persiguen. Por un lado, garantizar los servicios públicos (educación, salud y servicios sociales) y, por otro, relanzar la economía. Incluso presumió de ellos y llegó a decir que los querrían otras comunidades y países. Para justificar el recorte, también dijo que hay que mirar "a largo plazo".